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La jueza María Núñez Bolaños, instructora del caso ERE. / Manuel Gómez
El PP recurre el archivo de los cursos de formación y pide retirar a la juez
Los populares recuerdan los numerosos escritos que presentaron por la falta de las grabaciones de los testigos, que consideraban relevantes, y acusan a la juez de actuar con «parcialidad» y «con absoluto desprecio de la Ley» en esta causa
El PP andaluz ha recurrido la decisión de la juez de instrucción María Núñez Bolaños de archivar la pieza política de los cursos de formación, en la que había acusados 24 ex altos cargos del PSOE, y ha pedido que se retire a la instructora de la causa porque no se ha resuelto la recusación que presentaron.
En el recurso, al que ha tenido acceso Efe, el PP considera «nulo de pleno derecho» el auto de archivo de la causa que la juez dictó en octubre pasado, y todas sus resoluciones posteriores, «por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva» recogido en la Constitución respecto al derecho a un juez imparcial.
El PP recuerda los numerosos escritos que presentaron por la falta de las grabaciones de los testigos, que consideraban relevantes, y acusan a la juez de actuar con «parcialidad» y «con absoluto desprecio de la Ley» en esta causa.
También afirman que la juez tuvo que abstenerse en la causa cuando la recusaron y además no se han acordado las diligencias de investigación que fueron acordadas por el propio juzgado.
El PP también critica que la juez ha archivado la causa sin atender a la petición de nuevas líneas de investigación que, según aseguran, ha solicitado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
La falta de estas diligencias provoca, según el recurso del PP, que el auto del archivo de la causa se «funde en interpretaciones falsas o, al menos, incorrectas».
Cuando archivó la causa a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la juez criticó la actuación del PP-A como parte personada y a la Unidad Central Operativa por la instrucción del caso.
La juez aseguró que no existía la red de clientelismo político, como sostuvo la juez que abrió la causa en 2014, Mercedes Alaya, y añadió que «no revisten el carácter de delito» de malversación ni de prevaricación los hechos investigados.
La investigación de esta causa se centró en las «presuntas irregularidades» en la concesión, gestión, justificación y liquidación de los fondos públicos destinados a acciones formativas para el empleo entre los años 2009 y 2012.