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Antonio Maíllo, en el Parlamento. / EFE
En el futuro, quizá, habrá una ley andaluza de participación ciudadana, una norma que permitirá a los andaluces condicionar la política de las instituciones, tanto de la Junta como de los ayuntamientos. Pero no en el futuro inmediato. El Parlamento rechazó este miércoles, con los votos en contra de PSOE y Ciudadanos (C’s), la proposición que presentó IU para reactivar la ley de participación ciudadana, un proyecto aprobado por el Consejo de Gobierno en la pasada legislatura, en la que la coalición de izquierdas y el PSOE formaban coalición, y cuyo trámite parlamentario quedó interrumpido tras la ruptura del pacto y el adelanto electoral.
Pero los socialistas ya no reconocen esta norma, se han descolgado del texto que acordaron con los comunistas, porque en el periodo que va desde su aprobación, en junio de 2014, hasta la actualidad, el Tribunal Constitucional tumbó una norma catalana similar a ésta, declarando inconstitucionales algunos artículos relativos a la potestad del Ejecutivo autonómico para convocar consultas populares. Los jueces creen que se abriría la puerta a la convocatoria de referéndum, una potestad exclusiva del Estado.
El rechazo de la norma era previsible porque en esta nueva legislatura la correlación de fuerzas ha cambiado. El PSOE ya rebautizaba aquella ley de participación que negoció con sus exsocios como «una ley de IU», y justificó su rechazo en que ahora empezará a negociar otra norma con su nuevo socio, C’s. El líder de IU, Antonio Maíllo, no pudo ocultar su frustración, y recordó que el proyecto fue consensuado en su día con los socialistas, debatido por más de 5.500 agentes sociales, incluido juristas que avalaron su legalidad. De haberse aprobado su tramitación esta tarde en el pleno de la Cámara, el texto podría haber sido corregido en el proceso de enmiendas parciales, razón por la que el PP se ha abstenido en la votación. Pero ni la abstención crítica de los populares ni el apoyo entusiasta de Podemos –el diputado Juan Moreno Yagüe defendió la norma con una peluca blanca del siglo XIX para reprochar a la Cámara que siga instalada en procesos democráticos decimonónicos- ha servido para salvar la ley. “Cuando ustedes salen del gobierno, la vida sigue”, replicó el PSOE a Maíllo durante el debate, afeándole además que “estén tan preocupados por visibilizar las siglas de IU cuando eran parte del anterior gobierno, y tan poco preocupados de sus siglas en la confluencia con Podemos”. La diputada de C’s, Isabel Albás, ha explicado su rechazo en la situación catalana: “No vamos a aceptar consultas participativas como eufemismo de referéndum, porque creemos en la unidad de España”, ha dicho, a lo que Maíllo le ha respondido que “ve gigantes donde sólo hay molinos”.
El proyecto de ley de participación ciudadana que se ha evaporado esta tarde en el Parlamento abría la puerta a los ciudadanos para codecidir cuál debe ser la prioridad de gasto en los presupuestos, vetar la privatización de un servicio o frenar un proyecto si consideran que pone en riesgo el medio ambiente. Según el anteproyecto de la ley, la convocatoria de un referéndum sería potestad de la presidenta de la Junta, del Gobierno andaluz, de los ayuntamientos o de la propia ciudadanía (previa recogida de firmas), y en dicha consulta podrían votar todas las personas empadronadas en Andalucía mayores de 16 años, incluido los inmigrantes.
Sin embargo, IU había solicitado un informe a los letrados del Parlamento sobre el borrador de esta ley, para conocer la incidencia de la sentencia del Constitucional de la norma catalana, y los servicios jurídicos sí advertían dudas legales respecto a determinados aspectos de la misma. Los letrados de la Cámara aconsejaban “una revisión detenida de su texto, con la finalidad de corregir redacciones defectuosas, lograr una mayor concreción y precisión en la redacción de sus preceptos y en la utilización de conceptos jurídicos, evitar desajustes entre los diferentes preceptos que puedan generar dudas en su aplicación”. Aunque de la definición que hace la norma andaluza sobre las consultas populares “no parece dedicarse que las mismas no tengan carácter referendario, resulta del todo conveniente que se considere si tal definición resulta congruente con el régimen jurídico establecido en los artículos siguientes, y si este régimen jurídico se adecua a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional sobre la naturaleza del referéndum”. IU sostiene que este informe sólo hace “consideraciones formales”, y que el texto es plenamente constitucional.