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Bancada socialista en el pleno del Parlamento Andaluz. / José Luis Montero
El Parlamento rechaza por mayoría reabrir el debate sobre uno de los proyectos estrella de la legislatura anterior. Los socialistas alegan un informe del Banco de España que cuestiona el texto.
Nueva legislatura, nuevas alianzas, nuevas políticas. El Parlamento rechazó este miércoles iniciar la tramitación del proyecto de ley de banca pública que pactaron PSOE e IU la pasada legislatura. El borrador de la ley era el mismo, pero los socialistas rompieron definitivamente con la alianza que le unió a los comunistas para votar en contra de su propio texto, coincidiendo esta vez en el voto con PP y Ciudadanos. La Cámara asistió a un debate ideológico tradicional, con los partidos izquierdistas defendiendo el intervencionismo del Gobierno en el mercado financiero para lograr que las pymes y los autónomos accedan a créditos que ahora no tienen; y los grupos conservadores abanderando el libre comercio. El PSOE se quedó en medio del fuego cruzado y, viéndose retratado junto a PP y C’s, trató de interpretar sus discrepancias con IU en clave técnica y no ideológica.
El Gobierno de Susana Díaz rechaza ahora el proyecto de banca pública que pactó con la coalición de izquierdas alegando que el Banco de España, en un reciente informe, ha cuestionado partes sustanciales del texto, e insta a modificar algunos artículos. El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, asumió en primera persona la defensa del proyecto durante el debate, y afeó a los socialistas que usaran las alegaciones del Banco de España como excusa. Maíllo aseguró que las apreciaciones del órgano regulador no dan pie a frenar la tramitación del proyecto y que, en todo caso, se pueden incluir durante el debate parlamentario. “Están ustedes en contradicción”, le dijo Maíllo a la bancada del PSOE, “se sienten incómodos porque no hemos planteado la proposición de banca pública que nos gustaría, sino la que pactamos y aprobamos con ustedes. Hablan de políticas de izquierdas pero luego siempre se pliegan a los intereses de la banca privada”. Los socialistas dieron al debate un perfil bajo. La diputada Noelia Ruiz defendió la idea original que en su día el PSOE acordó con IU, pero luego deslegitimó ese mismo proyecto alegando cuestiones técnicas. “La propuesta llegará al Parlamento pero cuando se recaben los informes necesarios, tendrá que ser acorde con la normativa y avalado por el Banco de España. No puede quedar al margen de las máximas autoridades financieras, ni ser simplemente un proyecto que busca sólo la firma y la foto”, espetó. Maíllo explicó que Francia, Alemania e Italia tienen instrumentos parecidos a una banca pública, e intentó sin éxito que el PSOE retomase su proyecto, para luego admitir las modificaciones del Banco de España en la tramitación. Pero no les convenció.
IU quiere un instrumento financiero público que le permita cambiar el modelo productivo andaluz, que inyecte capital (a través de los 1.500 millones de fondos reembolsables de la Junta) a pymes, autónomos y cooperativas agrarias, y que a la larga cuente con ficha bancaria para operar en los mercados financieros igual que un banco tradicional, permitiendo los depósitos privados. Esta segunda parte del proyecto fue la gran diferencia que separó al PSOE de sus exsocios. Los socialistas siempre defendieron que el ente público de crédito andaluz no sería equiparable al Santander o al BBVA.
C’s, el partido que ahora sustenta al Ejecutivo socialista, tampoco entendía por qué el PSOE se ha desmarcado del texto que ellos mismos habían aprobado, un proyecto que los socialistas aún llevan en su programa electoral, y que además recoge una partida de 18 millones de euros en los próximos presupuestos para poner en marcha el ente público andaluz de crédito. “Esto es otra caja de ahorros, y nos costó mucho a los andaluces tapar los agujeros de estas entidades. Ya las teníamos para financiar al tejido productivo andaluz y se hundieron por una deficiente gestión. Esto sería como las cajas, controladas por el poder político y que generarían un agujero de millones de euros”, dijo Carlos Hernández, de Ciudadanos. Los populares reeditaron su rechazo al proyecto. El diputado José Antonio Miranda recordó que la Junta cuenta con 16 fondos reembolsables con casi 1.500 millones de euros, muchos aún sin ejecutar, y defendió la libre competencia del sistema financiero. “¿Quieren una banca pública que compita con el Santander, que tiene 88.000 millones de euros de valor de capitalización, o con el BBVA, que cuenta con 84.000 millones y gran volumen de depósitos”, ironizó Miranda.
El diputado de Podemos, Jesús Rodríguez, abrió su turno asegurando que se trataba de “un debate político que va al origen de la crisis”. El partido morado defendió la propuesta de IU y votó a favor de su tramitación, aunque también advirtió de que una banca pública no resolverá el problema. “O derivamos la capacidad de financiar hacia las administraciones o no cambiamos el modelo productivo. Necesitamos una palanca financiera pública, pero el problema al final seguirá siendo la falta de liquidez”, advirtió.
Más allá del contenido de la ley de banca pública, el debate sirvió para retratar bien las diferencias ideológicas que, en el plano económico, separan a unos partidos de otros. Esta legislatura, con un Gobierno en minoría, cinco grupos parlamentarios y un equilibrio de poderes muy repartido, está siendo escenario de alianzas involuntarias, alianzas necesarias y alianzas electoralistas. El PSOE se apoya en Ciudadanos para lograr la investidura de Susana Díaz y sacar adelantes sus presupuestos, pero también se apoya en IU y Podemos para evitar que PP y C’s le obliguen a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. La Junta está cómoda en un discurso político en el que a diario equipara a Podemos con el PP (más ahora que el partido morado ha fichado al exlíder de IU y artífice de la pinza en los años noventa, Luis Carlos Rejón), subrayando cada vez que coinciden en el voto en contra del Gobierno. Este miércoles es el PSOE quien ha coincidido con el PP y con C’s (y no es la primera), aunque IU y Podemos evitaron contraatacar con la denuncia de la pinza. Por ahora.