-
Mercedes Alaya, en una imagen de archivo. / Efe
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tomado conocimiento este martes del acta de la Junta Sectorial de Jueces de Instrucción de Sevilla sobre las manifestaciones realizadas recientemente por la magistrada Mercedes Alaya en una entrevista y pone de manifiesto que es obligación de todo juez promover en la sociedad una actitud de «respeto y confianza» en el Poder Judicial, sugiriendo a la magistrada actuar de manera «prudente, moderada y respetuosa con todos los poderes del Estado».
Según ha informado el TSJA, la Sala de Gobierno ha tomado conocimiento del acta de la reunión de jueces de Instrucción de Sevilla del pasado 24 de mayo, en la que se expresa el profundo malestar y rechazo a las manifestaciones públicas realizadas por Alaya, que, a juicio de los instructores, ponen en entredicho, sin ningún motivo, la capacidad y profesionalidad de sus compañeros, principalmente de quienes realizaron funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 6 cuando ella era titular e investigaba la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Igualmente, la Sala de Gobierno ha tomado conocimiento del escrito de queja elevado a la misma por el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, que actualmente está siendo juzgado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla junto a otros 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los ERE entre los años 2001 y 2010.
En el escrito, Gómez Martínez considera «erradas y desafortunadas» las manifestaciones de Alaya porque «podrían crear un estado de opinión y condicionar al tribunal sentenciador de un asunto que ha sido instruido por la propia juez». Por todo ello, la Sala de Gobierno pone de manifiesto que es «obligación» de todo juez asumir «un compromiso activo con el buen funcionamiento» del sistema judicial, así como promover en la sociedad «una actitud de respeto y confianza» en el Poder Judicial, debiendo conducirse de manera «prudente, moderada y respetuosa con todos los poderes del Estado».
Tras esto, la Sala de Gobierno del TSJA, órgano de gobierno interno de los juzgados y tribunales de la comunidad autónoma, elevará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el presente acuerdo, junto con los escritos presentados, quien, como es preceptivo, toma conocimiento de todos los acuerdos de las Salas de Gobierno de los TSJ de las comunidades. No obstante, la Comisión Permanente del CGPJ, en este caso, podría tomar alguna decisión al respecto o pronunciarse.
Manuel Gómez, ofendido y perjudicado
El ex interventor general de la Junta, acusado en la pieza política de los ERE, en su escrito presentado el 13 de este mes ante el TSJA, al que ha tenido acceso Europa Press, se muestra «particularmente ofendido y perjudicado» por las declaraciones de Alaya en la entrevista concedida a un periódico, así como las pronunciadas en una conferencia en Madrid. Alaya, en ambos casos, se pronuncia sobre la renuncia al ejercicio de la acción civil en la pieza política de los ERE por parte de la Junta, postura de las autoridades del Gobierno andaluz que, siempre según la magistrada, «estarían indebidamente absteniéndose de exigir la responsabilidad civil de los excargos de la Administración acusados en la citada causa, cuantificando el importe de dicha responsabilidad en 850 millones».
A este respecto, Gómez señala que la representación legal de la Junta en el proceso se ha reservado expresamente el ejercicio de la acción civil y muestra su sorpresa de la cifra mencionada, pues «dicha cifra no está determinada, habida cuenta de que aún no se ha dictado sentencia en ningún proceso sobre el asunto y ni siquiera ha terminado la instrucción de las numerosas piezas en las que se ha dividido la causa». Además, «es bien conocido que dentro de dicha cifra se encuentran comprendidas las cantidades que han percibido y continúan percibiendo pacíficamente miles de beneficiarios, que ni siquiera han sido traídos al proceso como partícipes a título lucrativo», ha añadido el ex interventor general.
Sobre las palabras de Alaya en relación a la situación procesal de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves --acusado de prevaricación-- y José Antonio Griñán --acusado de prevaricación y malversación--, Manuel Gómez considera que la magistrada pone en cuestión la neutralidad e independencia de los jueces llamados a dictar la sentencia de la pieza política de los ERE.
Alaya también ha comparado la reciente sentencia de la Gürtel con el juicio de los ERE y se ha pronunciado sobre «la única reforma llevada a cabo en los últimos tiempos en la Audiencia de Sevilla, unos aseos nuevos para que los señores políticos de los ERE hagan sus necesidades en un cuarto de baño en condiciones».
Sobre esto último, Gómez señala que esta afirmación «carece por completo de fundamento» pues los acusados «no podemos utilizar los aseos reformados ya que son de uso exclusivo por los funcionarios judiciales».