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Armando Rotea, presidente de la Plataforma Andaluza del Voluntariado. / J. Barrera -
Voluntarias que participaron en una representación en la celebración del Día del Voluntariado. / A. G.
La apertura del voluntariado a menores que hayan cumplido los 12 años –hasta los 16 con autorización de sus padres o tutores–, la acción voluntaria de personas que cumplen penas y se están reinsertando en la sociedad; el voluntariado digital y el promovido por las empresas, y el marco surgido de las relaciones con el mundo empresarial y universitario son algunos de los asuntos que la nueva ley andaluza, que está a punto de ser aprobada, intenta dar respuesta.
El anteproyecto recoge en torno a un 95% el documento aportado por la Plataforma Andaluza del Voluntariado y es fruto de las aportaciones extraídas de las jornadas celebradas en cada una de las ocho provincias. El documento ha «bebido» de la Ley estatal de octubre de 2015 porque en este articulado se plantea que «englobaría las leyes autonómicas del futuro», señala Armando Rotea, presidente de la Plataforma Andaluza del Voluntariado.
«Estamos satisfechos con la futura regulación porque plasma casi en su totalidad las propuestas que nosotros entregamos al Gobierno autonómico. Creemos, además, que el tejido asociativo era quien mejor podía plasmar el conjunto de esas ideas», apunta.
La nueva Ley, que se encuentra en la fase de información pública, recoge situaciones que se vivían en el denominado Tercer Sector, como la acción social que hacían menores, personas con discapacidad y universitarios, pero no estaba contemplado en la vigente ley y ahora se ha puesto «negro sobre blanco». Esto quiere decir que el texto nace vivo y no como el del 96, que tenía aspectos obsoletos», comenta Rotea.
«Hay motivos para estar contentos. La normativa que se debatirá en el Parlamento pone en el centro a los voluntarios y a las entidades, a las que se les da el rango jurídico necesario. Antes se hablaba de ONG, de organización sin ánimo de lucro... y ahora se define con detalles qué es el voluntariado y se ubica muy bien la acción voluntaria. De este modo, queda claro, por poner un ejemplo, que una asociación vecinal o el Ampa de un colegio hacen labores solidarias pero no se pueden considerar de voluntariado», subraya el máximo responsable de la Plataforma.
El nuevo articulado, «mucho más ordenado», elimina ambigüedades y aclara de mejor manera los principios y valores contenidos en él. En vez de áreas, se habla de ámbitos de actuación, un aspecto «más correcto» porque el voluntario «no tiene apellidos. No se es un voluntario deportivo, social o cultural, por citar algún caso y se incide en que la acción social debe ser organizada; si no lo está no lo es».
La plataforma andaluza, a pesar de los parabienes que está recibiendo el futuro marco normativo, reconocen que existen dos temas que pueden generar debate. El primero de ellos es la posibilidad de que quien haya cometido un delito pueda hacer voluntariado, siempre y cuando no haya sido condenado en sentencia firme por delitos sexuales a menores.
Por otra parte, se abre la vía para que las entidades de voluntariado en colaboración con empresas o con voluntarios de empresas puedan reconocer que se ha adquirido alguna de las siete capacidades contempladas, como la organización y planificación; el análisis y resolución de problemas, el trabajo en equipo y el liderazgo, entre otras.
La financiación sigue siendo el principal problema al que se enfrentan diariamente las entidades de voluntariado. Desde la Plataforma andaluza piden que las subvenciones sean «estables y sostenidas en el tiempo». En 2016, la convocatoria se ha situado en torno a los 500.000 euros. «Ha salido un poco más de lo que había, pero es que estábamos muy bajos y se demuestra que aún es claramente insuficiente», lamenta Rotea. En este sentido, el presupuesto de la Dirección General de Participación y Voluntariado que recoge el futuro Plan director de 2017 a 2020 consigna unos 925.000 euros para el voluntariado, una cuantía que incluye partidas para la celebración de congresos o diversos actos del Día Internacional, con lo que el importe final «no es tan alto», afirma.
La Plataforma Andaluza y su red de plataformas territoriales trabajan a diario para acompañar las inquietudes solidarias de las personas que se acercan a sus sedes para ubicarlas en los proyectos y necesidades adecuadas a sus perfiles, pero requieren «estabilidad institucional y económica» –en palabras de su presidente– continuar siendo válidas y llevar a cabo con eficiencia sus programas. Con todo, la Ley no se puede «quedar» en el BOJA. Esta labor de pedagogía es «responsabilidad del tejido asociativo» y por ello dedicarán 2017 a realizar varias campañas educativas.