Coincidiendo con la firma en Madrid del pacto entre los líderes de PSOE y C’s, Pedro Sánchez y Albert Rivera, de un acuerdo para acometer cinco reformas en la Constitución del 78, expertos constitucionalistas participaban hoy en Sevilla en unas jornadas precisamente sobre la reforma de la Carta Magna -organizadas por el Centro de Estudios Andaluces- centrada en la necesidad de blindar los derechos sociales en la misma, tesis defendida en un trabajo jurídico dirigido por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba Miguel Agudo, presentado en el seminario. Ante la rabiosa actualidad, y preguntados por las reformas pactadas esta misma mañana, el propio Agudo junto a sus colegas Santiago Roura (Universidad de A Coruña), Blanca Rodríguez (Universidad de Sevilla) y Antonio Manuel Rodríguez (Universidad de Córdoba) coincidir en considerar que el pacto entre PSOE y C’s se queda corto e incluso señalaron que a su juicio no se centra en los aspectos que más incidencia pueden tener en la ciudadanía.
Para Agudo, aspectos como la limitación de los aforamientos «son muy mediáticos pero en el día a día no tienen mucha repercusión» mientras que Antonio Manuel Rodríguez considera que «se ha desinflado un globo. Esto no es una segunda Transición».
Todos coincidieron en que la reforma más «controvertida» es la de suprimir las diputaciones y aunque el profesor Roura defendió que «no hay nada sagrado», sí alertó de que «sería un error hacer una operación tan simple como que lo que hagan las diputaciones lo hagan los gobiernos autonómicos porque ahí perdemos poder local» y «no se puede hacer ese desplazamiento porque hay servicios que deben darse en ese nivel». En este sentido, señaló que habría que ver cómo se articula la propuesta de sustituirlas por consejos de alcaldes.
También Agudo abogó por «paliar esa pérdida de poder local» y cuestionó «la finalidad última» de eliminar las diputaciones. «No sé si se conseguiría mayor racionalización», dudó. Por su parte, Blanca Rodríguez criticó que en aspectos como el de las diputaciones se plantee hacer una «reforma exprés» ya que es un tema «con suficiente entidad, entre otras cosas porque conecta directamente con qué sentido tiene la provincia como circunscripción». Más partidario de eliminar el, a su juicio, solapamiento de administraciones se mostró Antonio Manuel Rodríguez, quien cuestiona que existan «provincias y comunidades autónomas a la vez» y apostó más por un sistema como los lander alemanes. «Eso no significa que no se procure que el municipalismo tenga las suficientes herramientas para ejercer sus competencias, pero no en solapamiento con las comunidades autónomas», defendió.
Todos dieron la bienvenida al acuerdo si sirve para «abrir la veda» de la reforma constitucional pero coincidieron en que ésta debe ir mucho más allá y abordar cuestiones como la sucesión de la Corona, la reforma del Senado, el problema de Cataluña «que no se siente cómoda y hay que resolverlo y el marco es la Constitución» y el blindaje de los derechos sociales, en concreto el derecho a la sanidad, la vivienda y el medioambiente que no aparecen recogidos como derechos fundamentales sino como principios rectores, lo que dificulta su garantía judicial porque «el Constitucional los ha dejado completamente diluidos».