Griñán ve «muy responsable» la paralización de las ayudas

José Antonio Griñán relevó a Chaves como presidente de la Junta en 2009, heredó el estallido del fraude de los ERE –por el que ambos están imputados y por el que acabó dimitiendo– y poco antes de marcharse, el inicio de las irregularidades en la formación (2012). Su alocución inicial fue breve y rotunda: «La Junta siempre ha actuado de acuerdo con la legalidad, siguiendo un procedimiento reglado y garantista. Las deficiencias no han sido de la Administración, sino contra ella».

El portavoz de IU, José Antonio Castro, le preguntó si había visto la comparecencia de su antecesor, y Griñán respondió que «a trozos». Castro le advirtió de que Chaves había dejado «mucha tarea para usted. Cada vez que le preguntábamos algo, lo echaba hacia usted». «No sé si lo agradezco», replicó sonriente.

Su intervención fue aparentemente menos estudiada, más técnica, pero aferrada a la misma tesis: las ayudas tenían todos los avales legales, la Intervención indicó que «no hubo menoscabo de fondos» y nunca recibió advertencias de irregularidades en el Consejo de Gobierno.

En varias ocasiones criticó que no estaba ante «una comisión de investigación de verdad sino que ya tiene todo prejuzgado». Y ante las apelaciones del PP sobre sus «dos puntos débiles, sus dos delfines», Rafael Velasco –vicesecretario de Organización del PSOE-A que dimitió al saltar a la luz que su mujer tenía una empresa de formación– y Susana Díaz, Griñán defendió que «no son mis puntos débiles sino mis puntos fuertes».

No fue la única defensa férrea de su sucesora. La diputada del PP, Teresa Ruiz-Sillero, le hizo la misma pregunta que su compañero a Chaves sobre su decisión de paralizar las ayudas por «las dudas sobre la rigurosidad de los cursos». Griñán emuló a Chaves y contestó «pregúnteselo a ella», pero a continuación calificó de «muy responsable» su decisión de revisar el sistema.

Con la popular tuvo tensos choques, al reprocharle que «se cree que todo es para tapar cosas» y que «viene a acusar, ni siquiera escuchar, a dar por hecho argumentos que no se han probado». Varias veces lamentó la incomparecencia de la ministra Fátima Báñez porque «se hubiera lucido» explicando su regulación de la formación «que es una buena ley».

Negó a C’s «amiguismo» al dar las ayudas, apelando a los funcionarios. Y a IU le aclaró su nula relación con el exconsejero Ángel Ojeda, beneficiado con 33 millones en ayudas –«con el señor Ojeda no he hablado en mi vida de formación»– y que desconocía que la directora de Formación, Teresa Florido, era su cuñada. Terminó asegurando que «nunca» en su vida conoció ni ordenó ilegalidad alguna. «Quien me conoce sabe que es así».