Griñán rechaza ahora que el Supremo le juzgue y pide anular su imputación

El expresidente de la Junta José Antonio Griñán ha impugnado el auto del juez del Tribunal Supremo, Jorge Barreiro, en el que le imputa un delito de prevaricación por su implicación en el fraude de los ERE. Griñán recurre el auto con los mismos argumentos y similar contundencia que ya usaron Manuel Chaves y Gaspar Zarrías, también imputados. La estrategia de defensa de los tres coincide en señalar el aparente desconocimiento del juez respecto a los procedimientos administrativos y legislativos, que hacen que Barreiro interprete –igual que lo hizo la jueza Mercedes Alaya– que los expresidentes diseñaron o autorizaron un sistema ilegal para otorgar ayudas a empresas en crisis.

Pero el punto de partida del recurso de Griñán es puramente técnico: el abogado del expresidente, José María Mohedano, pide al juez Barreiro que anule el auto de imputación porque cuando dictó esa resolución, Griñán ya había renunciado a su escaño de senador, ya no era aforado y, por tanto, el Supremo ya no era el tribunal competente para investigarle. La defensa del expresidente acusa al juez de haber dictado el auto a sabiendas de su «incompetencia» para investigarle, y califica su resolución de «desatino». El magistrado defendía que la causa de los ERE relativa a los aforados era «inescindible», y que por tanto Griñán debía seguir siendo juzgado en el Supremo junto al resto (Chaves, Zarrías y José Antonio Viera). Pero al poco de conocerse el auto, Chaves y Zarrías renunciaron a sus actas de diputado en el Congreso, perdiendo así el aforamiento. En teoría, el Supremo ya no es competente para juzgarles, y el caso podría volver al tribunal original, el de Alaya. Pero el exconsejero José Antonio Viera se ha negado a dimitir, como le exigió su partido, y mientras permanezca en el escaño [ha abandonado el PSOE para pasarse al Grupo Mixto], existen dudas sobre el futuro del procedimiento: si la causa es inescindible, el Supremo podría seguir con el caso de Viera, Zarrías, Chaves y Griñán. Si, como dice éste último, el Alto Tribunal ha dejado de ser competente para juzgarle, el caso de los expresidentes volverá a Sevilla, y la parte de Viera permanecerá en Madrid.

Al margen del aspecto técnico, el Supremo sostiene que Griñán cometió prevaricación porque siendo consejero de Economía y Hacienda aprobó en los Consejos de Gobierno las modificaciones presupuestarias a sabiendas de que el importe modificado se destinaba a abonar ayudas a empresas en crisis a través de un procedimiento ilegal. La defensa, una vez más, reprocha al juez que omita que esas modificaciones presupuestarias tenían el aval del interventor de la Junta, y los informes de la Dirección General de Planificación (no imputada en la causa). El abogado de Griñán afea al juez que haya «deformado la realidad».

El expresidente no tenía competencia para aprobar los presupuestos de la Consejería de Empleo en los que figuraba el programa 31L –de donde salían las ayudas sociolaborables investigadas–. Además, cuando accedió a la consejería en 2004, el sistema para la concesión de ayudas (las transferencias de financiación) ya llevaba cuatro años instaurado.

El abogado del expresidente termina reclamando a la Sala de Recursos del Supremo que declare la nulidad del auto del juez instructor o, en su caso dicte resolución sobre si la Sala de lo Penal del alto tribunal mantiene la competencia sobre Griñán después de haber perdido su condición de senador.