Guerrero se acoge a su derecho a no declarar

La séptima jornada del juicio por el llamado procedimiento específico de los ERE ha comenzado tras tres semanas de receso para que el tribunal resolviera las cuestiones previas planteadas por las partes, que han sido rechazadas prácticamente todas. Esto ha provocado la protesta de las defensas tras lo cual al fin se ha dado paso a las declaraciones de los acusados. El primero en declarar está siendo el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que ha anunciado su intención de acogerse a su derecho a no declarar y solo contestará las preguntas de su abogado, Fernando de Pablo.

Guerrero, el principal acusado en esta pieza, en la que se juzga también a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a 20 ex altos cargos más, ha sido llamado a declarar por el tribunal a las 10.47 minutos. Tranquilo, Guerrero ha manifestado su intención de no declarar y ha dicho que solo contestará a las preguntas de su letrado si este tiene algo que plantearle. Esto ha hecho que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado que se proceda a la lectura de las diferentes declaraciones que ha realizado Guerrero durante los siete años de investigación, incluidas las que hizo tanto ante la Policía Nacional como ante la Guardia Civil.

El secretario del tribunal ha comenzado leyendo la primera declaración ante la Policía Nacional en la que explicó que las ayudas sociolaborales se entregaron en virtud del convenio firmado en 2001 por los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández. Según se recoge en su declaración, cuya lectura ha podido ser seguida por las tres grandes pantallas que hay en la sala, este convenio se firma “para garantizar la dotación presupuestaria” y para “agilizar el pago de las ayudas sociolaborales”. Contra este sistema “nunca se puso reparo alguno”, aunque reconoció que la “Intervención General recomendó mejorar el sistema”, añadiendo que él “siempre informaba a la dirección de la Consejería de Empleo”.

En esta primera declaración Guerrero ya fue preguntado por el mediador de los ERE y sindicalista Juan Lanzas, en concreto por un viaje que pudo ser abonado con fondos públicos, a lo que contestó que hizo dos viajes con él y junto a su señora “a Egipto y China” y que ambos fueron abonados “por cada pareja”.

Igualmente, sobre el hecho de que un familiar apareciera como beneficiario en una de las pólizas, en concreto su suegra, Guerrero contestó que se le otorgó “como a cualquier persona que me lo pidiera” y que fue la aseguradora la que decidió incluirla en una de las pólizas. En este sentido, los agentes le preguntaron por los requisitos para concederlas, explicando que era “cualquier persona que estuviera fuera del mercado laboral” y admitió que “pudo darla a más personas, pero se le otorgaron a todo aquel que me lo pidió”.

Sin embargo, Guerrero no ha querido ratificar esta declaración policial en el juicio, pues ha dicho que la hizo “bajo una fuerte presión mediática y policial para que declarara”. Y, además, ha asegurado que “no se recoge la declaración como la hice”.

Tras esta primera declaración se ha comenzado a leer su declaración ante la Guardia Civil en la que admitía que la Dirección General de Trabajo “no tenía capacidad ni medios para controlar las ayudas” otorgadas y que este aspecto estaba recogido en el convenio y que “se dieron ayudas sabiendo que eran empresas que se iban a cerrar”.

Igualmente, en ese momento explicó que se intentó mejorar el sistema que regula las ayudas, y que para ello se hicieron borradores, pero que estos “se llevaron a los consejillos”, reuniones de los viceconsejeros, que “eran presididos” por el exconsejero Gaspar Zarrías, también acusado en esta rama. Pero estos escritos “no pasaron el filtro del consejillo y nunca llegaron al Consejo de Gobierno”. No obstante, en ese declaración reconoce que tanto los consejeros como los exconsejeros de Empleo “conocían” de su gestión, incluso el “Consejo de Gobierno”. De hecho, ante el impago de IDEA (que era la que ejecutaba los pagos de las pólizas gracias a las transferencias de financiación de la partida 31L) de una de las ayudas asegura que pidió ayuda al exconsejero Antonio Fernández y que este le dijo que “fuera a IDEA y le diera una patada en los cojones al gerente”.

Guerrero tampoco ha querido ratificar ni esta segunda declaración ante los agentes de la Guardia Civil, ni una tercera, alegando los mismos motivos: “la presión mediática y policial”. En esa tercera declaración, los investigadores el preguntaban, entre otras ayudas, por las otorgadas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, donde Guerrero reconoce la “relación de simpatía” de Viera con empresarios de esta comarca, de ahí “el especial interés” del exconsejero de Empleo por esta zona.

En concreto, entonces explicó que todas las ayudas relacionadas con el entramado empresarial de los empresarios José María Sayago y Enrique Rosendo tenía indicaciones de Viera de que “ese proyecto tenía que salir adelante”. Todo ello, pese a que conocían que “no se usaron las ayudas para la promoción del empleo”. Guerrero justificaba entonces que el control de estas ayudas no era competencia de su Dirección General de Trabajo, sino que, “según la ley era la Intervención General, pero que en la práctica era el IFA”.

Tras no ratificar esta declaración “por los mismos motivos”, el secretario ha procedido a comenzar la lectura de la extensa declaración que Guerrero hizo ante la jueza Mercedes Alaya, el 7 de marzo de 2012, tras la cual esta declaró su ingreso en prisión. Entonces, ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 implicó a “todo” el Gobierno de la Junta de Andalucía. “Nadie puede decir que haya hecho nada a sus espaldas”, pues según Guerrero informa “cada 15 días o cuando así lo permitía la agenda del consejero de Empleo, a la dirección de la Consejería de Empleo”. Incluso afirmó que los delegados provinciales participaban y que estos se interesaban por “las empresas de sus provincias”, al igual que los diferentes consejeros.

Como ejemplo de que todo el Consejo de Gobierno conocía estas ayudas, Guerrero puso de ejemplo las “presiones” que recibió para solucionar el conflicto de la empresa cordobesa Biolore por parte del gabinete de Presidencia de Manuel Chaves, ya que éste iba a llevar a cabo una visita a la zona.

Guerrero escucha en el centro de la sala las declaraciones que ha ido prestando a lo largo de los siete años de instrucción, tranquilo, con todos los acusados tras él y, concretamente, en primera fila los dos expresidentes y la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez. Una vez que se concluya con su declaración será el turno del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, pero eso ya no será hoy.

El tribunal también ha permitido que se ausente de la sala el ex interventor general Manuel Gómez, uno de los acusados, debido a su estado de salud, ya que ha sufrido un accidente y se ha fracturado ambos pies y por ello ha acudido a la sala en silla de ruedas.