Con un mes de retraso por fin arrancaba este lunes el interrogatorio a los 22 acusados por el llamado procedimiento específico de los ERE. El primero en declarar fue el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero quien, tras anunciar que no declarará y que solo contestará a las preguntas de su abogado, se desdijo de cuatro declaraciones anteriores que fueron leídas en la sala y que no ratificó «por presiones mediáticas y de la Policía». En ellas había señalado a todo el Gobierno andaluz, que ahora le acompaña en el banquillo.
El principal acusado en esta pieza (fue el que otorgó las ayudas durante diez años y de los pocos acusados que ha estado en entrar en prisión), en la que se juzga también a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, fue llamado a declarar por el tribunal a las 10.47 minutos. Tranquilo, Guerrero manifestó su intención de no declarar y dijo que solo contestará a las preguntas de su letrado, Fernando de Pablo. Esto hizo que la Fiscalía Anticorrupción solicitara que se proceda a la lectura de las diferentes declaraciones que ha realizado Guerrero durante los siete años de investigación, incluidas las que hizo tanto ante la Policía Nacional como ante la Guardia Civil.
El secretario del tribunal comenzó leyendo la primera declaración ante la Policía Nacional en la el ex alto cargo explicaba que las ayudas sociolaborales se entregaron en virtud del convenio firmado en 2001 por los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, entonces al frente del IFA, que fue el que se hizo cargo del pago de las ayudas. Según se recogen su declaración, cuya lectura se pudo seguir por las tres grandes pantallas que hay en la sala, este convenio se firma «para garantizar la dotación presupuestaria» y para «agilizar el pago de las ayudas sociolaborales». Contra este sistema «nunca se puso reparo alguno», aunque reconoció que la «Intervención General recomendó mejorar el sistema», añadiendo que él «siempre informaba a la dirección de la Consejería de Empleo».
Guerrero dijo desconocer la inclusión de intrusos en las pólizas con las que se pagaron las ayudas y que él aplicaba el «sistema» que le impusieron sus superiores, quienes siguieron la lectura sin ningún tipo de gesto contrariado. Sobre el hecho de que se incluyera en estos intrusos a su suegra, Guerrero dijo entonces que se le otorgó una ayuda «como a cualquier persona que me lo pidiera» y que fue la aseguradora la que decidió incluirla en una de las pólizas. En este sentido, sobre los requisitos para otorgar estas subvenciones señaló que podía acceder a ellas «cualquier persona que estuviera fuera del mercado laboral» y admitió que «pudo darlas a más personas, pero se le otorgaron a todo aquel que me lo pidió».
Sin embargo, Guerrero no ratificó ni una de sus palabras, justificándose en que la hizo «bajo una fuerte presión mediática y de la Policía para que declarara». Y, además, afirmó que «no se recoge la declaración tal y como la hice». Fue el mismo argumento que utilizó cuando fue leída una segunda y tercera declaración, ambas ante la Guardia Civil, ante la que aseguró que «no tenía capacidad ni medios para controlar las ayudas» otorgadas, pero que «se dieron ayudas sabiendo que eran empresas que se iban a cerrar».
El sistema se intentó mejorar y para ello se hicieron borradores, pero que estos «se llevaron a los consejillos», reuniones de los viceconsejeros, que «eran presididos» por el exconsejero Gaspar Zarrías, también acusado en esta rama. Pero estos escritos «no pasaron el filtro del consejillo y nunca llegaron al Consejo de Gobierno». No obstante, Guerrero reconocía entonces que tanto los consejeros como los exconsejeros de Empleo «conocían» de su gestión, incluso el «Consejo de Gobierno». «Dale una patada en los cojones», le llegó a decir Fernández, cuando le planteó problemas de pago por parte de IDEA.
Sobre las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, Guerrero admitía que la «relación de simpatía» de Viera con empresarios de esta comarca, de ahí «el especial interés» del exconsejero de Empleo por esta zona. En concreto, sobre las ayudas relacionadas con el entramado empresarial de los empresarios José María Sayago y Enrique Rosendo tenía indicaciones de Viera de que «ese proyecto tenía que salir adelante». Todo ello, pese a que conocían que «no se usaron las ayudas para la promoción del empleo».
Ya en la extensa declaración que Guerrero hizo ante la jueza Mercedes Alaya, cuya lectura continuará hoy, Guerrero implicó a «todo» el Gobierno andaluz. «Nadie puede decir que haya hecho nada a sus espaldas», dijo, y puso el ejemplo de la empresa Biolore. En este caso, fue «presionado» por el gabinete de Chaves para que solucionara el conflicto porque este iba a visitar la zona.