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María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública. / Europa Press
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, detalló ayer que se han recuperado un total de 11,9 millones de euros de los expedientes de reintegro de las subvenciones en el caso de la Formación Profesional para el Empleo y 4,6 millones de euros en los expedientes de reintegro del caso de los ERE. Así lo señaló la consejera en respuesta a una pregunta de la diputada del PP-A, María Teresa Ruiz Sillero.
La diputada del PP-A advirtió de que «el tiempo juega en contra» y afirmó que «no se va a recuperar nunca ese dinero» porque «el PSOE no tiene interés en recuperarlo y vota en contra de propuestas para recuperar el dinero». Ruiz Sillero lamentó que «el objetivo final» del Gobierno andaluz es poner este asunto «en vía muerta y darle el cajonazo» por «el interés político de borrar de la memoria de los andaluces el mayor fraude de la historia de España».
La consejera señaló que el resto que falta por recuperar en materia de formación, hasta los 149 millones que reclama la Administración, un 60 por ciento de los expedientes están paralizados judicialmente y un 40 por ciento se encuentra en vía recaudatoria en la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) con diferentes situaciones, como embargos, identificación de terceros responsables, entre otras. A excepción de lo que atañe a los ayuntamientos, donde puede producirse «compensación de deuda».
En cuanto a la situación de los reintegros en el caso de los ERE, la consejera apuntó que se han recuperado 4,6 millones y el resto hasta los 135 millones solicitados se encuentran en diferentes puntos: un cuarto de los expedientes judicializados y el resto en vía recaudatoria en la AEAT.
Montero criticó la estrategia del Partido Popular de «permanentemente reiterar» este tema para dar «una apariencia falsa de que se ha producido un gran fraude y un enorme desfalco» y advirtió de que la teoría del PP-A sobre «una connivencia» entre el PSOE-A y la Agencia Tributaria estatal para no recuperar el dinero, lo que ha considerado «muy grave».
La consejera explicó que, en los procedimientos que están en vía ejecutiva, la Administración autonómica no tiene competencia, sino que colabora con la Agencia Tributaria estatal que «pone todos los medios a su alcance para recuperar el dinero».