El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que con un presupuesto de 1.300 millones de euros estará dirigido a los 700.000 discapacitados de la comunidad. Esta nueva norma sustituye a la de 1999 e incorpora “la consideración de las condiciones externas de tipo social junto con las circunstancias personales o de salud, de manera que se actualiza así un concepto legal hasta ahora centrado en un modelo médico-rehabilitador», dijo ayer la consejera de consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio. Por tanto la nueva ley, que ha sido remitida al Parlamento, se adapta a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, el documento reconoce «el mayor riesgo de sufrir abusos que presentan las mujeres y las niñas de este colectivo y establece las correspondientes medidas para su incorporación a las políticas sobre violencia de género».
En cuanto a la formación y al empleo, se establecerá una reserva para personas con discapacidad del tres por ciento del número de plazas en los cursos de formación organizados por la Administración autonómica. En los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo la reserva se establece en el cinco por ciento.
El texto incluye un apartado sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal con multas que van desde 301 a un millón de euros dependiendo de la calificación de la infracción. Se califican como muy graves todas aquellas conductas de acoso o dirigidas a generar deliberadamente situaciones de riesgo o daño grave para la integridad física o psíquica.