Un Valle de los Caídos sin exaltación de la dictadura ni los restos de Francisco Franco ni de José Antonio Primo de Rivera. Una Macarena sin Queipo de Llano. Las sentencias de los tribunales franquistas, anuladas. Los bebés robados, investigados. Dignidad para los muertos en las fosas...
Estas serían algunos de los efectos de la Ley de Memoria estatal que IU registró en el Congreso hace tres semanas y que este lunes presentó en Sevilla la diputada Esther López Barceló [cat], porque se inspira en la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. La coalición de izquierdas negocia con el PSOE los 61 folios de la norma –frente a los dos de la que está vigente, de 2007– y hay, de por ahora, buenas vibraciones.
La parlamentaria explicó que la iniciativa parlamentaria la registraron ella y el coordinador estatal de IU, Alberto Garzón, hace tres semanas y que pretende «acabar con la impunidad franquista» y ampliar el concepto de víctima también a los bebés robados y a quienes sufrieron violencia sexual. Asimismo a los LGTB reprimidos en la Transición y a los torturados incluso muerto Franco por el policía Billy el Niño, entre otros, puesto que el marco temporal llegaría a 1983 –la norma andaluza se detiene en 1982, tras el Caso Almería–. Entre estas víctimas están 100.000 muertos en fosas comunes y 30.000 bebés robados.
La redacción que presenta IU recoge indemnizaciones de 80.000 euros por fallecimiento o incapacidad, aunque deja atrás a las víctimas de la Guerra Civil (en bombardeos a civiles, por ejemplo), para centrarse en la represión.
«La ONU pide que se investiguen los crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, y para hacerlo proponemos la derogación de los artículos que lo impiden de la Ley de Amnistía de 1977», explica la diputada López Barceló.
Para el Valle de los Caídos, «inconcebible en Italia o Alemania» –que superaron dictaduras del mismo corte ideológico que España, fascistas– esta ley propone un artículo específico que no se limita «al gesto» de exhumar a Franco, sino que lo «reconvierte» en un espacio que dignifique a los esclavos que lo levantaron.
Por supuesto, más allá de inscripciones o emblemas sobre sus lápidas, considera símbolos de la dictadura los cadáveres de los jerarcas en sitios públicos, lo que obligaría «con la fuerza que no tiene la ley andaluza» a exhumar a Queipo de Llano.