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El coordinador de IULV-CA, Antonio Maíllo, en el Parlamento.
El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, esbozó este lunes las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria sobre el presunto fraude de las ayudas a la formación que su grupo registrará esta tarde y en las que apunta tanto a los sucesivos responsables de la Consejería de Empleo y el SAE por el «descontrol» en las subvenciones y en los cursos como a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por elegir a estos responsables y no cumplir su deber de vigilancia del ejercicio de sus funciones y a la actual presidenta, Susana Díaz, por la «negligencia» de paralizar la formación para el empleo durante tres años en Andalucía. IU se une así a PP y Podemos, que también ven responsabilidades políticas en Díaz, mientras que Ciudadanos (C’s) no apunta al Gobierno actual y el PSOE niega cualquier tipo de fraude y responsabilidad política al respecto.
Para Maíllo, las 69 comparecencias en la comisión de investigación –por la que han pasado los sucesivos consejeros de Empleo, directores y jefes del SAE, los expresidentes y Díaz– han «constatado la ausencia de control, seguimiento y evaluación de los cursos» y la «dejación de funciones de la administración pública y subsidiariamente de manera política a los responsables de controlar el dinero público y la celebración de los cursos y de evitar el fraude».
El coordinador regional de IU señala que en el caso de los exconsejeros de Empleo, exviceconsejeros y exdirectores del SAE hay «responsabilidades políticas evidentes» mientras que en el caso de Chaves y Griñán su responsabilidad es «in vigilando», al ser quienes nombraron a estos directivos de Empleo y «en el caso de Chaves por acordar el sistema» de reparto de las ayudas a la formación «sin concurrencia competitiva, sin límite a la captación de subvenciones por parte de las empresas» y con continuas exceptuaciones a las empresas que no justificaban a tiempo las ayudas recibidas para seguir obteniendo más.
Precisamente, son los tres aspectos modificados por el actual Gobierno andaluz en la nueva orden reguladora de las ayudas a la formación para el empleo que acaba de sacar tras más de tres años sin convocarlas. Una paralización que según Maíllo era «una acción prudente» adoptada por la presidenta Susana Díaz y el actual consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, pero que se convirtió en «negligencia» al pasar tres años sin hacer una investigación del origen de los problemas para corregirlos y optar por paralizar toda la formación para el empleo durante tres años causando «un perjuicio objetivo» a desempleados que «tenían la expectativa de participar en las Políticas Activas de Empleo». El líder de IU consideró aún más flagrante el perjuicio causado a los alumnos de escuelas taller y casas de oficio que también se paralizaron pese a no estar envueltos en las presuntas irregularidades detectadas.
Por todo ello, y desde el punto de vista de la responsabilidad política -que no jurídica, resaltó Maíllo, IU considera que tanto los exresponsables de la Consejería de Empleo, del SAE, los expresidentes de la Junta y su sucesora Susana Díaz merecen la «reprobación» de la comisión de investigación del Parlamento ya que «pudiendo tomar decisiones» para implantar un sistema basado en la transparencia y evitar el fraude «tomaron otra extendiendo una red clientelar en un ambiente de impunidad del PSOE que provocaba el descontrol».