El juicio del conocido como caso Romanones, en el que la Fiscalía ha pedido nueve años de cárcel para el padre Román por presunto abuso sexual a un menor, comenzará el 6 de marzo de 2017 y tiene nueve sesiones previstas.
Fuentes cercanas a la causa han informado a Efe de que la Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha fijado el inicio de la vista oral para el próximo 6 de marzo, en un juicio en el que se mantiene como único procesado al padre Román.
La Audiencia de Granada ha resuelto además que la petición de la defensa del único procesado, que solicitó la nulidad del expediente canónigo del padre Román, se analizará como una cuestión previa al inicio del juicio para pronunciarse posteriormente en la sentencia.
La Fiscalía formalizó su rechazo a esta alegación al considerar que en la fase procesal de este tipo de procedimiento, por sumario ordinario, no es admisible una petición de nulidad de prueba y su exclusión de la causa porque supondría una «vulneración del principio de legalidad procesal».
El juicio se celebrará en nueve sesiones fijadas entre el 6 y el 16 de marzo, en las que declararán en calidad de testigos los sacerdotes y seglares que inicialmente estuvieron investigados en la causa hasta que la Audiencia decretó que habrían prescrito los delitos que se les podrían imputar.
La declaración del joven denunciante de los supuestos abusos está fijada para el 8 de marzo del próximo año y la del arzobispo de Granada, Javier Martínez, se ha previsto para dos días después, el 10 de marzo, también en calidad de testigo, ya que el Arzobispado es responsable civil subsidiario en la causa.
En los escritos provisionales, la defensa del acusado solicitó su libre absolución y que el denunciante pagara las costas procesales.
La Fiscalía pidió para el padre Román como único procesado nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con acceso carnal, una pena que la acusación particular elevó a 26 años de prisión y la popular a 15 años de cárcel.
El caso se abrió después de que un joven que ahora tiene unos 25 años pusiera los hechos, ocurridos supuestamente cuando contaba entre 14 y 17 años, en conocimiento de la Fiscalía andaluza en octubre de 2014, y sobre los que llegó a pronunciarse el papa Francisco.
Durante la declaración indagatoria, el único imputado en la causa expresó su «absoluta» disconformidad con el auto de procesamiento y explicó que únicamente tenía, como sacerdote, un «amor fraterno» por el denunciante de los supuestos abusos.
En este proceso judicial llegó a haber hasta doce imputados -diez curas y dos laicos- aunque la Audiencia decidió de manera definitiva declarar prescritos los delitos atribuidos a once de ellos.