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El expresidente de la Junta de Andalucía, Chaves, a su llegada al juzgado para prestar declaración por el caso de los ERE, el pasado mes de marzo. / José Manuel Vidal (Efe)
El hasta ahora magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido, instructor de la causa contra Rita Bárbera, alertó hace unos días del «serio riesgo de judicialización de la política» por la personación de partidos políticos en causas judiciales que afectan a dirigentes de otras fuerzas. Lo hizo mediante un auto en el cual alerta del «serio riesgo de judicialización de la política» que supone la práctica –que no existe en los países de nuestro entorno»– de que un partido ejerza la acusación en una causa penal contra una persona relevante de otra formación política. El magistrado advirtió de que tal práctica «transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política». Tanto el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, como la propuesta de Código Procesal Penal de 2013, elaborados por gobiernos de signo político diferente, prohibían expresamente el ejercicio de la acción popular por los partidos políticos. Estos proyectos no han alcanzado vigencia, y existe una cuestionable práctica judicial que admite, con carácter general, la personación de los partidos políticos como acusación popular en causas contra políticos de otros partidos.
Los jueces decanos de las capitales y principales ciudades del país se reunieron hace unas semanas en Málaga en las XXVI Jornadas Nacionales de las que salió un documento de conclusiones centrado, en gran parte, en «propuestas para eliminar la apariencia de politización» del sistema judicial y reformas procesales para investigar y juzgar la corrupción. Una de las conclusiones del debate cuestionó el uso que los políticos hacen de los tribunales mediante figuras como la acusación popular ejercida por los partidos. Los jueces decanos apuestan por mantener la acusación popular «pero con limitaciones y adecuada regulación para evitar un mal uso». En concreto señalan que «se debe reflexionar sobre la personación de los partidos políticos». No es la única reforma procesal que proponen. Rechazan que los delitos de corrupción política sean juzgados por jurados y piden crear un «delito cuantificado de obstrucción a la Justicia» cuando en una investigación «no se remita al juez la documentación requerida o se remita incompleta bajo excusas o subterfugios». Resulta inevitable recordar los continuos encontronazos de la jueza Alaya con la Junta a causa de las actas del Consejo de Gobierno que ésta pedía y que el Ejecutivo andaluz se negaba a facilitar.
El caso ERE, que investiga el presunto fraude en ayudas sociolaborales concedidas por la Junta durante una década y en el que se investiga a 26 ex altos cargos socialistas (entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán), no salió de una denuncia de la oposición sino de unos empresarios a los que pidieron mordidas en nombre de la Junta. Pero el PP se personó inmediatamente en el proceso como acusación popular y sus abogados han ejercido un papel protagonista en los interrogatorios durante la instrucción, sobre todo cuando los dirigía Alaya. En la causa por el presunto fraude en las ayudas a la formación, las piezas abiertas en juzgados provinciales alcanzaron relevancia a raíz de la apertura de una pieza política que cuestionaba la gestión y el control de esas ayudas por parte del SAE y la Consejería de Empleo. El PP de nuevo lideró la acusación popular y llegó a pedir la reprobación de la instructora, María Núñez, que acabó archivando el caso y que recientemente ha fijado fianzas al PP para personarse en piezas separadas. La jueza, por ejemplo, impuso una fianza de 30.000 euros al PP-A para ejercer la acusación popular en relación a la investigación por las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos y avales por parte de la agencia IDEA a fin de «evitar un posible abuso de derecho y fraude procesal» y ante el «riesgo evidente de judicialización de la política.
«Existe una constante traslación de conflictos políticos al espacio judicial», de forma que los jueces se ven atrapados «en la dinámica desencadenada por quienes buscan la explotación política y mediática de un proceso. Hay ejemplos elocuentes de cómo se ha contaminado la Justicia por intereses políticos. Se abren camino juicios de opinión que «sugieren continuamente que hay jueces que actúan en función de preferencias políticas», asegura en estas páginas Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Los jueces decanos defienden que «el proceso penal debe quedar al margen de cualquier tipo de instrumentalización» y para ello ven «muy necesario zanjar el debate sobre la incidencia de la imputación en los cargos públicos cuya indefinición genera mucha confusión» y debates «muy dañinos ya que en la mayoría de los casos son utilizados políticamente». La llamada «pena de paseíllo» es una constante crítica de los políticos imputados y a falta de pedagogía sobre la protección procesal que en realidad supone esta figura procesal, que permite comparecer ante el juez con abogado, la gran reforma legal ha sido pasar a llamarlo investigado.
También proponen agravar el delito de desobediencia a la autoridad judicial cometido por funcionarios y prohibir la suspensión de la pena en delitos de corrupción salvo casos muy excepcionales y siempre condicionada a la devolución de las sumas recibidas, malversadas o apropiadas».
El caso catalán: la controversia en una cuestión fundamental
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, en su presentación de la Memoria Anual también criticó la «excesiva politización» de la Justicia. Culpó a los partidos de contribuir a politizar la Justicia, al personarse como acusación particular en casos judiciales, aunque no citó a ninguna formación. En su etapa como eurodiputado, el líder de Podemos, Pablo Iglesias y Ernest Urtasun registró una pregunta en la Comisión Europea sobre la decisión del TSJC de imputar al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, por convocar la consulta del 9N. En el documento, lamentó «la extrema politización de la justicia española», que a su juicio vulneraba los principios democráticos básicos como la separaciones de poderes. «La Fiscalía ha actuado con criterios específicamente políticos, como brazo judicial del PP».
Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, considera que Mas y su partido, CDC, «han contribuido» y «se han beneficiado durante años de la politización» de la justicia, con su participación en el nombramiento de los miembros del Poder Judicial.El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) emitió en 2014 su informe de evaluación de España, en el que constata su «creciente preocupación por la corrupción en el país» y por la «politización de la Justicia». Los países que integran el Consejo de Europa muestran su preocupación por las posibles injerencias del poder político en causas concretas en un momento en que los casos de corrupción política van en aumento y «están erosionando la credibilidad de sus instituciones».
Los reproches de la jueza Alaya contra la Junta de Andalucía
La jueza Mercedes Alaya señaló con el dedo a la Junta de Andalucía por, segúnsu opinión, zancadillear su trabajo al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en la instrucción de los casos de corrupción que han salpicadoa la administración autonómica durante los últimos años (macrocausas de los ERE y fraude de los cursos de formación). En un discurso ofrecido en Madrid al recoger un premio de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Derechode la Universidad Complutense hace justo un año, Alaya aseguró que cuando estaba instruyendo algunos de los casos de corrupción más conocidos en Andalucía, como los ERE, recibió «muchísimas presiones» y acusó a la Junta de Andalucía de «poner todas las trabas del mundo». Además, reprochó al Ejecutivo autonómico por «no darle los medios necesarios para el mejor desempeño de la labor judicial, aunque el poder judicial siempre ha salido a flote», pese a que el TSJA le ofreció varias veces refuerzos que rechazó. Alaya valoró su trabajo como un «camino» que se ha «abierto» y apuntó a que «vivimos tiempos de cambio» pese a que «la política ha invadido la Justicia para evitar que la Justicia se ponga en asuntos de política».
La magistrada relató que en la coexistencia de esos procesos de corrupción los políticos «se vieron en peligro» y añadió que «se les llenaba la boca diciendo que había que luchar contra la corrupción» pero que su reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) «manda al abismo la independencia judicial». «Las reformas han puestode manifiesto que uno de los mecanismos para luchar contra la corrupción que han creado los políticos es impedirnos a los jueces tratar de combatirla». «Ha sido una lucha importante la que hemos tenido y el poder judicial no se lo merece», llegó a decir la jueza.
La despolitización de la Justicia llega a la agenda de los partidos
Algunas propuestas ya están en la agenda política de algunos partidos y se han incluido en algunos de los pactos de gobierno e investidura, como la reducción de los aforamientos, avalada por el 85 por ciento de los jueces según la última encuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o el rechazo a las «puertas giratorias» que supone «el trasiego de los jueces de la judicatura a la política y viceversa». En Andalucía, el consejero de Justicia, Emilio de Llera, es fiscal en excedencia y el exalcalde de Sevilla y ahora ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, fue juez decano. A ambos se les ha atribuido amistad e influencia sobre las instructoras de los principales casos de corrupción, Mercedes Alaya y María Núñez e incluso el giro en la investigación que supuso el relevo de Alaya por Núñez.
El exfiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo Martín Pallín avisa de la presión mediática a la que los jueces están sometidos en la actualidad, «donde todo el mundo parece ser un entendido en Derecho, y equiparó las macrocausas judiciales con espectáculos y las salas de justicia, con estadios de fútbol por la cantidad de magistrados, fiscales, abogados, cámaras y periodistas que pueden reunirse en ellas». El jurista plantea lo que, en su opinión, constituye un «abuso del ejercicio de la judialización en la política», pero negó que se produjera el efecto inverso, a saber, «la politización de la justicia».
Martín Pallín reconoce que el sistema adolece de mecanismos procesales suficientes para perseguir estos delitos y que cuando se castigan ya es demasiado tarde.