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La directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio Coto. / Jesús Barrera -
La juez investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar.
Un presunto delito de prevaricación. Eso es lo que la juez Patricia Fernández Franco investiga y podría achacar a las siete personas que, por ahora, ha imputado, entre ellas la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio, por la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar a México-Minorbis –en detrimento de Emerita Resources España–. Los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal incluidos en anteriores autos podrían afectar a otros implicados, si bien en el fechado ayer, al que tuvo acceso este periódico, no están recogidos.
Según la juez, hay «interrogantes» sobre el plan de investigación de la empresa, se debe aclarar la solvencia del ganador del concurso, así como hay «incongruencias» en la evaluación de los proyectos de explotación sobre la gestión del agua y el acceso por el talud sur de la corta, lo que implica «serios riesgos».
Así se refleja en un auto en el que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla también imputa a la letrada de la Junta Pastora Sánchez y al interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública José Marcos, a los que citó a declarar el 17 de septiembre. Ocho días después lo harán –si quieren– en la misma condición Julio Ramos, miembro de la mesa de contratación en representación de la Consejería de Hacienda; Alberto Fernández, de la comisión técnica en calidad de jefe de área de Minas; Juan José García, de la comisión técnica y gerente de Inversiones en Invercaria, y Pilar Orche, funcionaria del Cuerpo Superior de Ingenieros de Minas de la Junta y asesora técnica de Ordenación Minera.
Estos imputados fueron detenidos por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional entre el 12 de mayo y el 29 de junio, junto a otras ocho personas que no han sido citadas a declarar aún.
En el auto, la juez señala que, sobre las cuestiones de solvencia económica, varios de los integrantes de la mesa del concurso público para la adjudicación y la directora de Minas en un documento firmado por los miembros de la mesa señalaron a la Policía que «la acreditación del capital social suscrito y desembolsado por parte del grupo México-Minorbis y la comprobación de las cuentas anuales de la misma fue estudiada» por Pilar Trujillano, «quien expuso al resto de la mesa que la documentación aportada era correcta», avalando así la solvencia financiera y técnica. Sin embargo, estas afirmaciones «contrastan de plano» con la declaración que prestó como testigo la propia Pilar Trujillano, que lo negó.
En cuanto al proyecto de explotación, la magistrada cree «imprescindible» citar como imputado a Alberto Fernández, miembro de la comisión técnica en calidad de jefe de área de Minas y exempleado de Boliden, a fin de que explique «las razones por las que avaló la solución técnica propuesta por Minorbis-Grupo México de acceso por el talud sur de la corta a la vista de los serios riesgos que dicha solución técnica implica». Eso sí, la juez admite que aún debe estudiar la documentación presentada por Ayesa sobre el proyecto de explotación (que defiende la tesis de la empresa) y que está a la espera de la información que pidió a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Además, recuerda «las sospechas de contaminación» que recoge un informe policial y las «dudas expuestas» sobre el ciclo del agua por el profesor del CSIC Juan José Negro, al que citó a declarar como testigo porque su informe no casa con el de Ayesa. Tampoco tiene claro la magistrada «la inversión del cálculo por cuadrículas mineras», en la que participan «directamente» Juan José García y Pilar Orche.
Por último, la magistrada dice que la documentación aportada el 15 de julio por Minorbis «no responde en su totalidad a los interrogantes puestos de manifiesto» en el auto que dictó el 18 de junio, por lo que le pide que acredite el pago de la compra en 2015 del 2,688 por ciento de las participaciones de AMC Mining Iberia.