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Instalaciones del restaurante Río Grande. / Antonio Acedo
La juez que investiga el caso de los ERE, María Núñez, ha dictado un auto en el que rechaza la petición de la dueña del restaurante Río Grande de archivar provisionalmente la causa que le afecta y en el que mantiene la fianza de 1.990.689 euros que confirmó en 2013 la Audiencia de Sevilla.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6 de Sevilla recuerda que la empresaria Carmen García, que había pedido rebajar su fianza a 101.000 euros, está imputada por un delito de fraude de subvenciones, por prevaricación y por malversación.
La malversación la habría cometido al incluir a dos «intrusas» en el ERE de 2005 del restaurante, es decir, a dos personas que cobraron rentas sin haber trabajado en la empresa.
Frente a lo alegado por la empresaria de que las ayudas sociolaborales recibidas de la Junta de Andalucía por el ERE de la empresa estaban amparadas por la orden de 5 de abril de 2005, la juez responde que «sobre la legalidad o no del procedimiento, es una cuestión que se resolverá en el «procedimiento específico»», que afecta a 51 ex altos cargos.
«Sin perjuicio de lo anterior -añade la juez- la recurrente debe responder de unos hechos que van más allá de la simple inclusión, a sabiendas, de los «extraneus» en el ERE de la empresa», indica el auto en alusión a la solicitud de un ERE por parte de Río Grande sin reunir los requisitos necesarios para ello.
El auto notificado ahora recoge la inclusión en el ERE de Río Grande de dos personas a las que no correspondía, una de ellas por su amistad con la propietaria y a sabiendas de que la renta como beneficiaria de la póliza la habría abonado íntegramente la Junta de Andalucía.
En el caso de la otra «intrusa», se benefició en exclusiva de tres de las cuatro pólizas que se firmaron para llevar a cabo la extinción de los contratos de los doce trabajadores, las que corresponden a seguros de capital diferidos, añade el auto judicial.
Cuando la Audiencia confirmó la fianza a la dueña de Río Grande, ya dijo que existían «indicios de la comisión de hechos de relevancia penal» por su parte.