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El exconsejero Ángel Ojeda sale de los juzgados de Sevilla tras prestar declaración ante la jueza Núñez. / Europa Press
La jueza María Núñez Bolaños, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta, ha designado a un interventor de la Junta para que analice y estudie las cuentas bancarias y los movimientos de fondos al extranjero del grupo Prescal y otras empresas, asociaciones o fundaciones vinculadas al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, uno de los empresarios de formación imputados. Esta providencia se conoce después de trascender el miércoles que la jueza prevé archivar en los próximos meses la pieza política de esta causa en la que son investigados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y varios responsables del SAE. Un anunció extraoficial ante el que ayer la presidenta andaluza, Susana Díaz, se apresuró a exigir disculpas a quienes han «mentido» y «difamado» a altos cargos y funcionarios que fueron «detenidos delante de sus hijos», apelando directamente al PP y a «los que dicen que son de izquierdas y socialistas», en referencia a Podemos. Por su parte, los populares denunciaron la «grave filtración» del futuro archivo de la causa y reclamaron al Consejo General del Poder Judicial que investigue lo que «está ocurriendo en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla» porque es «algo insólito».
En una providencia del 21 de junio, a la que accedió Europa Press, Núñez, titular del juzgado número 6 que instruye esta causa, ordena al interventor analizar igualmente los productos financieros del entramado de Ojeda y «si existe trasvase de capitales» entre sus empresas.
En diciembre, la jueza Núñez dividió la causa del presunto fraude de las ayudas a la formación en nueve piezas, una de ellas la política que prevé archivar –en la que son investigados 24 ex altos cargos del Gobierno andaluz– y otra centrada en las ayudas recibidas por el grupo de Ojeda, que obtuvo una subvención excepcional de 33,3 millones de euros para dar cursos a los extrabajadores de Delphi.
La jueza ve indicios de que «buena parte» de esos fondos «en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi». Contratos «no con terceros, sino con empresas del propio grupo» para «desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento». En esta pieza, además de Ojeda hay 13 investigados, entre ellos el exconsejero Fernández.
Ambos, al igual que 69 responsables políticos, funcionarios, empresarios de formación y alumnos de los cursos, pasaron por la comisión de investigación creada en el Parlamento para dirimir las posibles responsabilidades políticas en el caso, que judicialmente pueden quedar en irregularidades administrativas. Comparecieron entre otros los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y la actual presidenta andaluza, Susana Díaz, a petición del PP apoyada por el resto de la oposición.
Ayer Díaz defendió que «los jueces ponen las cosas en su sitio» ya que un juzgado de Jaén ya ha archivado la causa que afecta al SAE y empresas de esta provincia –hay 18 juzgados provinciales investigando–. Denunció que «ha sido muy desagradable que se haya puesto sobre sospecha toda la gestión de decenas y decenas de empresas, sindicatos, academias y todos los que han trabajado en la formación durante años en Andalucía por intentar dañar al adversario» y recordó que hay muchos trabajadores y sus familias «que lo han pasado muy mal».