-
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios a su llegada al CPFF. / Europa Press
El ping pong monetario entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central vivió este viernes un nuevo capítulo. Hace una semana, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, denunció que la comunidad perdía 900 millones de euros tras la rebaja del objetivo de déficit (0,3 por ciento en 2018 y 0 en 2019) anunciada por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El ministro se presentó el martes en Sevilla con el anuncio de que Andalucía recibiría unos 200 millones más (253 finalmente) de la liquidación de 2015. Y ayer la Junta acusó al Gobierno, en argot financiero para dummies, de dar un dinero que no se puede gastar. Según Montero, «Andalucía no se podrá gastar esos 253 millones porque la regla de gasto es limitativa para esas cuantías», aseguró. La consejera declaró, al término de la segunda reunión del CPFF en una semana, que el propio Montoro reconoció que las comunidades cumplidoras (entre las que se encuentra la andaluza) se «topan» con la regla de gasto y no van a poder aplicar este dinero.
La Junta cifra en 637 millones la cantidad que ha recibido este ejercicio y no puede tocar, lo que equivaldría a ajustar el objetivo de déficit del 0,6 (tasado para 2107) al 0,19 por ciento. «Es intolerable que con las necesidades que tenemos los andaluces no nos dejen gastar 637 millones que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo», indicó la consejera.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, pidió ayer «responsabilidad» a todas las administraciones, y en concreto a la Junta de Andalucía, en torno al objetivo de déficit, que es «un objetivo común» de país que «tenemos que compartir todos».
El CPFF -que reúne al Gobierno y a las comunidades autónomas- aprobó este viernes los nuevos objetivos de déficit para las comunidades autónomas propuestos por Hacienda y que suponen pasar de un déficit del 0,3% al 0,4% en 2018, del 0% al 0,1% en 2019 y registrar equilibrio presupuestario ya en 2020. La propuesta tuvo el voto a favor del Estado, las CCAA del PP, Canarias y Ceuta y Melilla, frente al voto en contra de todas las regiones socialistas, salvo Extremadura que se ha abstenido, y Cantabria, mientras que Cataluña no ha podido votar porque no ha asistido ningún consejero.