La Junta de Andalucía no se anduvo ayer por las ramas para advertir de las posibles consecuencias de la suspensión cautelar, ligada al recurso presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, de la normativa que rebaja de 37,5 a 35 horas la jornada laboral de unos 270.000 empleados públicos andaluces. El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, alertó de que esta medida «afectará de manera clara y directa» al inicio del curso escolar en septiembre, ya que la jornada de 35 horas implicaba nuevas contrataciones. La consejería de Hacienda y Administración Pública cifró la pasada semana en 2.400 los empleos que se generarían en septiembre como refuerzo en Educación.
El recurso va acompañado de otro contra la Ley de Presupuestos que habilita a la contratación para paliar la rebaja de la jornada. Unos 5.000 puestos de trabajo se han creado desde que entró en vigor la medida en enero. «Ahora es el momento del diálogo y tratar de encontrar una solución. No es tiempo de plantear cuáles podrían ser las consecuencias», expuso ayer el portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Blanco, preguntado por las posibles incidencias que la suspensión cautelar podría tener sobre los contratos ya firmados en virtud de esta medida.
Un día después de que se conociera la suspensión cautelar, el Gobierno andaluz enfocó al PP-A para que actúe, «le pedimos a Moreno Bonilla que alce la voz, en la medida que él pueda, para acabar con este desaguisado que ha creado el Ejecutivo de Mariano Rajoy», planteó Blanco. El Ejecutivo andaluz mostró ayer su «consternación» por el empecinamiento del Gobierno contra una medida, que al mismo tiempo se ha comprometido a estudiar para su posible aplicación a partir de 2018 en determinados sectores. Advierte de que no se puede «retroceder» en los derechos de los trabajadores y criticó el «fatalismo» del Ejecutivo central al pensar que no se puede arreglar el problema. «¡Claro que se puede arreglar! puede venir hoy mismo, mañana o pasado y pedir el levantamiento de la suspensión cautelar», apuntó Blanco.
Desde la Consejería de Hacienda se reprochó a Moreno Bonilla que «haya incumplido su palabra» después de que hace una semana se ofreciera a mediar con el ministro Cristóbal Montoro para evitar la paralización y se trató de desmontar el argumento de la igualdad de todos los funcionarios para justificar el recurso, planteando que nunca ha habido jornadas laborales idénticas en las distintas Comunidades Autónomas.
«Yo, presidente del PP de Andalucía soy partidario de que no se suspenda de manera inmediata las 35 horas», insistió ayer Moreno Bonilla como ya hizo hace una semana. Sin embargo, explicó que la información recibida de la Administración General del Estado señalaba que el recurso y la suspensión iban emparejadas y era «casi imposible», quitar las medidas cautelares del recurso. Expuesta su posición favorable, Moreno Bonilla volvió a cargar contra Susana Díaz por «preferir la bronca al diálogo» a la hora de gestionar este asunto.
La catarata de críticas contra la decisión del Gobierno central ha puesto de acuerdo a todos los partidos políticos y sindicatos, dejó a Moreno Bonilla como diana de buena parte de las críticas dentro de la Comunidad. Esta situación obligó ayer al dirigente regional a organizar un encuentro con la organizaciones sindicales para templar las quejas.
El PSOE-A reclamó al presidente del PP, que «dé la cara» y explique cuáles han sido sus gestiones ante el Gobierno central en relación con el decreto andaluz sobre las 35 horas. «Tendrá que explicar que demandó realmente. «¿O es que no solicitó nada y nos engañó a todos los andaluces?».