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El consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, y el portavoz, Juan Carlos Blanco. / Europa Press
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer la modificación de la Ley de Cooperativas Andaluzas, que estaba vigente desde hace seis años. La principal novedad es la reducción de tres a dos del número de personas socias exigidas para la constitución de una de estas empresas. El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, informó de que con esta medida se espera que el número de entidades crezca en un 30 por ciento. La modificación de la norma estipula que en una cooperativa de dos socios la aportación al capital de uno de ellos podrá llegar hasta el 75 por ciento. La medida será permanente, a diferencia de otras comunidades autónomas, que también han adoptado esta medida aunque sólo con carácter temporal.
Arellano destacó la apuesta por la cooperativas al ser entidades que propician «una marcada responsabilidad social que se traduce en la creación de empleo de calidad su estabilidad (tienen un promedio de vida de 17 años) y sirven para vertebrar el territorio». Apuntó a su internacionalización e innovación como elementos claves, además de ser importantes en los buenos datos que están ofreciendo las exportaciones en los últimos meses. La presencia de las cooperativas a escala internacional para aprovechar las oportunidades de negocio que ofrece la globalización ha crecido exponencialmente durante los últimos años.
Es por ello que desde la Consejería de Economía se considera a las cooperativas como un sector estratégico. La economía social tiene especial importancia en el tejido empresarial andaluz, al que aporta 6..092 empresas (3.9974 cooperativas y 2.118 sociedades laborales) que dan empleo a 69.044 trabajadores y generan el 8,4 por ciento del PIB regional. Andalucía es la primera comunidad en número de entidades y de personas ocupadas por la economía social, con un protagonismo destacado de las cooperativas de trabajo y las agroalimentarias. El consejero informó de que en los primeros meses de 2017 el empleo en estas entidades ha crecido en un 4,2 por ciento respecto a 2016. Andalucía se convertirá en «una de las comunidades autónomas más flexibles en cuanto a la puesta en marcha de este tipo de sociedades.
La modificación de la ley incorporará un régimen sancionador para las cooperativas con sección de crédito, materia que hasta ahora estaba ahora regulada principalmente en su reglamento de 2014 y que establece multas de hasta 30.000 euros y la posibilidad de prohibir la actividad en los casos de las infracciones más graves.