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Fomento ha inspeccionado las 400 viviendas cedidas por la Sareb antes de firmar el convenio.
La Consejería de Fomento y Vivienda destinará a alquiler social 400 inmuebles ofrecidos por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado banco malo, y localizados en los municipios andaluces con mayor demanda. Esta cesión, que se prolongará por cuatro años, deberá regularse ahora en un convenio de colaboración entre ambas partes, después de que la Junta haya culminado la inspección de esas viviendas, cuyo listado fue remitido el 14 de enero a la consejería para la revisión de sus características de habitabilidad.
La Sareb es una entidad creada por el Gobierno para absorber todos los productos financieros tóxicos, en su mayoría, viviendas propiedad de los bancos que estos no lograban vender. Andalucía va a sellar un convenio con el banco malo que ya han firmado otras regiones, como Cataluña, País Vasco, Canarias, Baleares, Aragón, Galicia y Castilla y León. El pasado noviembre, el PP-A registró en el Parlamento una proposición no de ley en la que apremiaba a la Junta a firmar el convenio con la Sareb para la cesión de viviendas destinadas a alquileres sociales para familias en riesgo de exclusión y desahucios. La firma del acuerdo será la culminación de una línea de trabajo abierta en septiembre por el consejero Felipe López con los representantes de la Sareb con el fin de disponer de esos activos para darles un uso social y evitar que sigan vacíos. La oferta presentada se ubica en 78 municipios de las ocho provincias, incluidas las ocho capitales, donde mayor es la demanda de vivienda, una de las condiciones que puso la Junta.
En contraprestación por la cesión temporal de los 400 pisos, Fomento deberá abonar por cada uno la cuantía fija de 125 euros al mes si está vacío y 75 euros si la vivienda está ocupada por sus propietarios originarios, hecho éste último por el que la consejería deberá regularizar la situación de esas familias a través de un contrato de alquiler social para normalizar su estancia y darles garantía jurídica. En Andalucía, los inmuebles que se cederán están en su mayoría libres (sólo están ocupados 58), una situación que contrasta con el resto de comunidades con las que la Sareb ha firmado el convenio, donde la proporción es mayor, asegura Fomento.
Una vez firmado el convenio, las viviendas vacías pasarán a ser gestionadas temporalmente en régimen de alquiler por la consejería y serán puestas a disposición de las familias andaluzas que más las necesiten, con carácter general, a través de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida. No obstante, Fomento tendrá la potestad de destinar esos pisos al alojamiento de personas en especiales circunstancias de protección, suscribiendo los correspondientes convenios de colaboración con el resto de la administración de la Junta o con los municipios afectados.
Las rentas mensuales, que deberán abonar los futuros inquilinos de las viviendas, serán «asequibles y se ajustarán a las condiciones económicas de las familias con menos recursos», garantizando que ese importe no supere el 30 por ciento de los ingresos netos actuales de la unidad familiar. Fomento no aclara cuál será el precio máximo del alquiler social que pagarán las familias, aunque es de suponer que será inferior a los 125 euros mensuales que paga la Junta a la Sareb. Si las viviendas que se cedan necesitaran de obras de adecuación para ponerlas a disposición de las familias, los gastos deberán correr a cargo de la Sareb y la consejería. Fomento gestiona un patrimonio de más de 84.000 viviendas públicas en Andalucía.