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Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno andaluz. / EFE
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, defendió hoy la «autonomía» del gabinete jurídico de la Junta al pedir, pese a estar personada en el caso como acusación, el archivo de la pieza política del caso ERE, en el que están imputados 26 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Vázquez hizo hincapié en que el gabinete jurídico está formado «por funcionarios públicos independientes» que son equivalentes «a los abogados del Estado» pero defendió el informe en el que pide el archivo de la causa contra los 26 imputados por prevaricación y malversación de caudales públicas, para los que la Fiscalía pide entre 10 y 30 años de inhabilitación y entre 4 y 6 años de cárcel según los delitos que imputa a cada uno.
«El informe es muy claro. Entiende que no hay delito, entiende que no hay trama y entiende que no se han vulnerado los controles del dinero público», defendió Vázquez.
El escrito de acusación de la Junta pidiendo el archivo de la pieza política del caso ERE, en el que se investiga el fraude en la gestión de más de 800 millones de euros en ayudas públicas sociolaborales concedidas por la Consejería de Empleo durante una década, contrasta con las peticiones realizadas por el resto de acusaciones personadas en la causa y con el auto en el que el juez instructor Álvaro Martín ve indicios de delitos suficientes para pedir el procesamiento de los imputados. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción pide 10 años de inhabilitación para 6 imputados por prevaricación, entre ellos Chaves, y otros 20 años de inhabilitación y entre 4 y 8 años de cárcel para 18 imputados además por malversación de caudales públicos, entre ellos Griñán (para el que en concreto pide 6 años de cárcel). El sindicato Manos Limpias se ha adherido a la petición de la Fiscalía mientras que el PP, que al igual que la Junta ejerce la acusación particular, añade a los 26 imputados un delito de asociación ilícita por el que pide para todos sumar dos años de cárcel. Se basa en el auto del juez Martín en el que considera que por acción u omisión, los 26 imputados diseñaron y mantuvieron un sistema durante diez años para el reparto de las ayudas que permitía el fraude al eludir los controles previos de fiscalización y pese a los avisos de la Intervención General de la Junta (el exinterventor general también está imputado).
El portavoz de la Junta rehusó entrar a valorar la «consideración» del Ministerio Público pero criticó el «canibalismo político» al que está «dedicado» el PP «intentando hacer política a través de la judicialización de actos administrativos»