El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía remitió ayer al Parlamento el proyecto de Presupuestos para 2018. El Ejecutivo andaluz defiende que su planteamiento económico para el año que viene es apto para todos los públicos, unas cuentas, que según consideró la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, «podrían ser apoyados perfectamente por PP, Podemos e IU».
Los presupuestos ascienden a 34.759 millones de euros, un 4,6 por ciento más que en 2017, de los que 30.628 se destina al desarrollo de políticas, un 3,9 por ciento más que hace un año. Los 4.130 millones restantes se dedicarán en su mayor parte al pago de deuda. Esta partida crece casi un diez por ciento respecto al ejercicio pasado debido a que ha concluido el periodo de cadencia de la devolución del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) y la Junta de Andalucía debe devolver con intereses esos préstamos del Gobierno central.
Se tratan de los presupuestos más prematuros de la legislatura y que además coincidieron en la fecha de su presentación con el pleno del Parlament de Cataluña, dos variables muy a tener en cuenta. El «ahora toca Andalucía», que pronunció Susana Díaz después de perder las primarias socialistas en mayo activó el turbo de la gestión de la Junta. El horizonte político de la presidenta, de momento, no va más allá de las próximas elecciones andaluzas. Ganarlas es indispensable para su superviviencia política, y a ello a encomendado todos sus esfuerzos, «el Gobierno está activo, Andalucía funciona y los presupuestos harán que funcione mejor», aseguró María Jesús Montero.
Por otro lado, presentar los presupuestos justo en plena vorágine del desafío independentista catalán envía al resto del país un mensaje de estabilidad que vigoriza la figura de Díaz, en un momento delicado para la clase política española.
«Es un día importante para Andalucía y para España porque plantea un escenario de estabilidad», aseguró la consejera de Hacienda. Los presupuestos están diseñados bajo la previsión de que la economía de la comunidad crecerá «un prudente» 2,6 por ciento. De este modo, Andalucía alcanzará el Producto Interio Bruto (PIB) más elevado de su historia hasta alcanzar los 166.000 millones de euros, lo que supone casi 15 puntos más que el PIB de 2013.
La Junta dibuja unos presupuestos sociales que pretenden hacer llegar la recuperación económica a las familias y que piensan en el Empleo. Ocho de cada diez euros del gasto no financiero se destinan a gasto social. Sólo las Consejerías de Educación y Salud consumen más del 16.000 millones de los 30.628 destinados a gasto no financiero. El presupuesto del Servicio Andaluz de Salud (SAS) alcanza los 9.013 millones de euros, la partida más alta de su historia. El incremento en Educación y Universiades es del 3,8 por ciento respecto a 2017 llegando a los 7.527 millones. Se incluye en esta partida la bonificación de las matrículas universitarias para el curso 2018/19.
La Junta va a destinar a los servicios sociales 2.132 millones (un 7,2 por ciento más que en 2017), de los que 1.214 estarán dedicados a la dependencia para dar cobertura a más de 186.000 beneficiarios. Dentro de la partida dedicada a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales se reservan 198 millones de euros para la nueva Renta Mínima de Inserción Social.
El proyecto contempla 2.183 millones a partidas para dinamizar la economía y fomentar la creación de nuevos empleos. prevé 3.709 millones de euros para inversión, lo que supone una subida del 1,7 por ciento, aunque la consejera reconoció que «no es la subida que le gustaría», debido a la infrafinanciación que sufre Andalucía. Montero aplicó este argumento en varias ocasiones durante su explicación de las cuentas.
