La directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio, tiene las horas contadas en el cargo después de ser imputada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla por la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar. El Consejo de Gobierno, que se celebra hoy, podría aprobar su cese, aunque no está descartado que Asensio renunciase al cargo tras ser confirmada su imputación.
El PSOE-A fue ayer tajante a la hora de valorar la situación de la directora de Minas después de la decisión de la jueza, «no habrá ningún imputado en la nómina de altos cargos de la Junta y no habrá ninguna excepción», aseguró el portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez. Todos los partidos de la oposición (PP, Podemos, Ciudadanos e IU) han exigido en los últimos días al Gobierno andaluz que destituya a Asensio. El partido naranja se ha remitido al acuerdo de investidura firmado con el PSOE para pedir su cese. Dentro de las 72 medidas que conforman ese pacto se incluye la «necesidad de separar de inmediato» a cualquier cargo público, electo o designado, que resulte imputado por corrupción política. El líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, apuntó el pasado fin de semana a través de Twitter su «seguridad» de que los socialistas cumplirían esa condición también en Aznalcóllar.
La unanimidad en la petición y las declaraciones de Jiménez evidencian que el anuncio de su cese o renuncia no se demorará. «Nadie tiene que recordarle ni al Gobierno de Susana Díaz ni al PSOE cuál es sus posición en esta materia», reiteró ayer Jiménez en referencia a las peticiones del resto de fuerzas políticas. La versión del dirigente socialista sobre la adjudicación es que ha habido «una guerra entre dos empresas que lamentablemente ha afectado a funcionarios honrados y servidores públicos».
El PP insistió ayer en la «tardanza» del Gobierno andaluz en cesar a la directora de Minas, después de que el fin de semana atribuyera a Susana Díaz su primer macrocaso de corrupción por la presunta adjudicación irregular. Carlos Rojas, portavoz popular en el Parlamento valoró como «insuficientes» las explicaciones que el Ejecutivo andaluz ha dado sobre este asunto. Además apuntó a que su formación continuará presentando iniciativas parlamentarias para que «se explique qué ha ocurrido».
Por su parte, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, reprochó ayer al Gobierno andaluz que no haya acudido a Aznalcóllar a explicar qué ha sucedido con la adjudicación del yacimiento minero en comparación con «lo rápido que fue a anunciar la reapertura». El líder de la coalición de izquierdas se sumó también a la exigencia de que se destituya a la directora general de Minas.
La jueza de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, en detrimento de Emerita Resources España, imputó el pasado viernes por un presunto delito de prevaricación a siete personas, entre ellas la directora general de Industria, Energía y Minas. La jueza Patricia Fernández Franco también imputa a la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta y al interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública José Marcos.