El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, elevó ayer a 143 millones de euros el dinero de ayudas para cursos de formación que empresas y sindicatos tienen que devolver tras haber revisado 5.808 expedientes y detectar problemas de justificación en las subvenciones en 1.621. La cifra se ha incrementado, por el avance en la revisión de expedientes. Hace unos meses se cifró en 90 millones en la comisión de investigación sobre el presunto fraude de las ayudas a la formación, investigado judicialmente y del que se ha archivado la pieza política. Sin embargo, la cuantía efectivamente recaudada por la Junta se mantiene en 7,6 millones de euros desde septiembre.
A preguntas del PP y el PSOE, el consejero de Empleo detalló que se ha iniciado la revisión 7.895 expedientes y quedan pendientes 610 de la última convocatoria de ayudas, de 2011, cuando al salir a la luz el presunto fraude se paralizó la formación para desempleados. Se ha concluido la revisión de 5.808 y en 4.215 las ayudas estaban «adecuadamente justificadas». En 1.621 se detectaron ayudas sin justificar por valor de 143 millones, correspondientes entre otros, a UGT (seis expedientes), al entramado de empresas del exconsejero Ángel Ojeda (13 expedientes) –investigado judicialmente– y a la extinta fundación Faffe, si bien pese a la insistencia de la diputada popular Teresa Ruiz-Sillero, no concretó la cuantía que cada uno debe devolver. Además subrayó que Faffe no tiene por qué hacer efectivo el reintegro ya que al haber sido integrada en el SAE, es un «movimiento de capital» ya que acreedor y deudor forman ahora parte de la Junta. El PP le interrogó concretamente por los cursos impartidos por UGT en los que trabajó el marido de la presidenta de la Junta.
Ruiz-Sillero criticó que la cuantía recuperada siga igual tras varios meses, algo que el consejero justificó por la complejidad de la tramitación –ya que las empresas hacen alegaciones y recursos que se deben resolver– y defendió «que estamos trabajando de manera muy dura con muy pocos medios», si bien garantizó que ninguna ayuda a devolver ha prescrito ni va a permitir que prescriba. Curiosamente, en la comisión de investigación, los interventores provinciales y responsables del SAE achacaron a la falta de medios los problemas para supervisar los cursos y el cumplimiento de los requisitos por parte de las empresas subvencionadas.
La diputada popular acusó a la Junta de que «podría estar incurriendo en desacato a la autoridad y obstrucción a la Justicia» por el retraso de hasta «dos años» en enviar al juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que investiga parte de la causa informes sobre las ayudas al consorcio Formades, a las empresas Pérez González y a la academia vinculada a la mujer del exvicesecretario general del PSOE andaluz, Rafael Velasco. El consejero aseguró que «aquí no ocultamos nada» y la información pedida se manda al juzgado.