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Málaga es la provincia con más establecimientos afectados. / El Correo
Los responsables de la Consejería de Medio Ambiente confirmaron ayer a los representantes de los chiringuitos que mantendrán paralizada la tramitación de todos los expedientes de establecimientos que solicitaron su regularización al amparo del Reglamento de Costas de 2014 ante las dudas jurídicas sobre los efectos de la reciente sentencia del Supremo que anula la preferencia de aquellos locales anteriores a 2013. La Junta ha encargado informes tanto a sus servicios jurídicos como al Consejo Consultivo que espera conocer en septiembre, según explicó el presidente de la Asociación de Empresarios de Establecimientos de Playas de Andalucía (Faeplaya), Norberto del Castillo.
En octubre de 2014, la Junta dictó el Reglamento de Costas que en su disposición transitoria vigesimosexta establece que aquellos chiringuitos que ocuparan terrenos de dominio público marítimo-terrestre que al entrar en vigor la Ley de Costas de mayo de 2013 tuvieran la concesión vencida o la estuviera tramitando pero estuvieran funcionando «tendrán preferencia para obtener la correspondiente concesión siempre que la soliciten en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este reglamento».
Sentencia del Supremo
Hubo 174 solicitudes en plazo y 24 ya están regularizados, la mayoría en Granada. Pero otros 150, casi todos en Málaga y Cádiz, estaban aún en trámites cuando el pasado julio, el Supremo anuló esta parte del reglamento tras un recurso contencioso-administrativo de un particular. El fallo considera que dar preferencia a estos chiringuitos en la concesión carece de «justificación objetiva y razonable» y vulnera la «igualdad de trato y de proporcionalidad» ante otros concurrentes a las convocatorias públicas de las concesiones, que además son por 75 años tras la última reforma legal. Además, con este criterio de preferencia, el reglamento se extralimita en su función de «complemento normativo indispensable» para el desarrollo de una ley.
La duda que plantean los empresarios es si, dado que los chiringuitos presentaron su solicitud en tiempo y forma «en base a una normativa que estaba vigente», se puede aplicar la sentencia con efectos retroactivos viéndose perjudicados por el retraso administrativo en la tramitación. Un retraso que, además, Del Castillo denunció que no es homogéneo en todas las provincias pues mientras en Granada, el 60 por ciento de las solicitudes ya han sido concedidas «y los establecimientos están abiertos y funcionando», en Málaga y Cádiz «no se ha dado ni una» pese a que la mayoría de los expedientes «lleva más de un año y algunos están en exposición pública».
Los empresarios discrepan del parón que Medio Ambiente quiere mantener por seguridad. La consejería rehusó hacer ninguna valoración sobre el contenido de la reunión. Quién sí se pronunció desde Málaga fue el consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, quien destacó que el objetivo de la Consejería de Medio Ambiente es «dar seguridad jurídica» a los chiringuitos y «encontrar cuáles son los instrumentos y herramientas que permitan sortear o solucionar el problema creado por la sentencia».
Fernández destacó que para la Junta resulta importante mantener «algo tan característico de nuestra oferta de playas» que «da mucho empleo» y completa «nuestra oferta turística y gastronómica» en el segmento de sol y playa, líder del turismo en Andalucía.