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Un trabajador excava una fosa común en Gerena. / EFE
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes, por segunda vez, el proyecto de Ley de Memoria Democrática que remitirá en breve al Parlamento para su aprobación, previsiblemente en el primer semestre del año que viene. Se trata de una norma diseñada por IU en la legislatura pasada que vio interrumpida su tramitación parlamentaria debido al abrupto adelanto de las elecciones autonómicas del 25 de marzo, que supuso la ruptura del Gobierno de coalición PSOE-IU.
El pasado 20 de enero, días antes de esa ruptura, el entonces vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, (IU), compareció tras la reunión del Consejo de Gobierno para anunciar la aprobación del proyecto de ley, igual que este martes lo ha hecho la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, que ha asumido en su departamento las competencias sobre Memoria Histórica. La decisión de la presidenta Susana Díaz ha hecho que Aguilar, histórica exdirigente de IU y rival político de Valderas dentro y fuera de la coalición de izquierdas, haya cogido el testigo de su antecesor en este área, esta vez como miembro del PSOE. Sin embargo, la consejera ha desactivado cualquier polémica al anunciar que la ley no se ha tocado, y que el borrador que irá al Parlamento es el mismo que en su día presentó Valderas, a quien ha agradecido personalmente su esfuerzo e implicación. Si la Junta hubiese tocado una coma de la ley anterior, la tramitación se habría retrasado otros siete meses antes de volver al Consejo de Gobierno. En su lugar, Aguilar ha preferido enviarlo como está a la Cámara, donde el PSOE ya prevé introducir modificaciones a la norma. Algunas de tipo técnico ya pactadas con el resto de grupos (tres enmiendas adaptarán la norma a la ley de patrimonio histórico), y otras que reclaman las asociaciones memorialistas, que podrían variar el régimen sancionador que contempla la norma, aunque este punto aún no se ha desarrollado.
La parte más importante y más costosa de la futura ley está en el capítulo de las exhumaciones. El Ejecutivo andaluz tiene localizadas 614 fosas, la mayoría en Sevilla (130), Huelva (120) y Cádiz (100), donde se estiman hay 60.000 desaparecidos. A partir de ahora, la administración tutelará todos los procesos de exhumación. Aguilar ha avanzado que este año culminará con “el mayor número de víctimas recuperadas”, aunque no ha precisado la cifra. En caso de que el enterramiento esté dentro de una propiedad privada, y si el dueño no diera su consentimiento, la Junta “expropiará temporalmente el uso de terrenos” por el tiempo que dure la exhumación. La ley establecerá la obligatoriedad de que la Junta se persone de oficio en todos los procesos de localización, exhumación e identificación de los huesos de víctimas, o también a instancias de ayuntamientos, familiares, entidades memorialistas e investigadores. El protocolo nuevo, que sigue las pautas de Naciones Unidas, implica más a la administración, pero los familiares de víctimas ya no podrán actuar en las fosas sin supervisión de la Junta. La norma servirá también para crear el primer censo de víctimas de la represión en Andalucía, que empezará en la Segunda República y llegará hasta principios de 1982, inicio del periodo democrático. Por eso se amplía la consideración de víctima, además de fusilados, condenados, exiliados y familiares de desaparecidos y represaliados, se suman los bebés robados, quienes sufrieron tortura en campos de exterminio nazi y las víctimas que lucharon por el proceso de autonomía de Andalucía, como Manuel José García Caparrós, trabajador malagueño que murió en 1977 por un disparo de la Policía cuando se manifestaba en favor de la autonomía andaluza.
Otro aspecto de la ley es la retirada de todos los símbolos franquistas que queden en edificios públicos, iglesias e incluso inmuebles privados (si éstos se ven desde la calle). A partir de la entrada en vigor de la norma, los ayuntamientos tendrán un plazo de 18 meses para eliminar o retirar los vestigios del franquismo en sus municipios. Si se niegan (infracción grave), la Junta lo hará de forma subsidiaria, y a los alcaldes se le pondrán multas de 2.001 a 10.000 euros. Otra infracción grave será “no comunicar el hallazgo casual de restos que pudieran ser de represaliados”, y entre las muy graves (de 10.001 a 150.000 euros) está construir o remover sin autorización el terreno donde hubiera restos de desaparecidos, hacer excavaciones en dichas zonas o destruir fosas. Además, ayuntamientos y organizaciones se exponen a perder subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por un periodo máximo de dos, tres o cinco años, según el grado de la infracción cometida. La ley también implica la modificación del currículum de enseñanzas medias para incluir estudios sobre Memoria Histórica.
El principal problema que afronta el proyecto de ley es que carece de memoria económica (las exhumaciones y el banco de ADN previsto son muy costosos). Aguilar ha avanzado que su departamento volverá a contar con una partida de un millón de euros para exhumaciones en 2016.