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Miembros del grupo "Stop Desahucios" en una protesta. EFE
La consejera en funciones de Fomento y Vivienda, María Jesús Serrano, anunció hoy que los servicios jurídicos de la Junta está “valorando” recurrir ante el tribunal europeo de Estrasburgo la sentencia del Constitucional que admite el recurso del Estado contra el decreto ley antidesahucios y anula la posibilidad de expropiar el derecho de uso de las viviendas a los bancos en caso de familias en riesgo de ser echadas de sus casas por impago. Serrano explicó que los abogados de la Junta aún están analizando una sentencia conocido ayer que reconoció es “compleja” y que cuenta con cuatro votos particulares, pero aseguró que “la Junta tiene interés en seguir defendiendo el derecho a una vivienda digna y no vamos a parar en arbitrar algún mecanismo, dentro de la ley, para ayudar a esas familias y poder ejercer nuestras competencias”.
La titular de Vivienda insistió en pedir al Gobierno central que reconsidere el recurso a la ley posterior al decreto y aunque cuestionó los argumenos del Consticiona que consideran que la Junta no tiene competencias para legislar como lo ha hecho, señaló que el Estado “podría plantearse regularlo él”. El único caso en el que llegó a aplicarse la expropiación de uso, el de la vivienda de una madre y un hijo en Huelva, no está afectado mientras no haya sentencia sobre la ley posterior al decreto.
AYUDAS AL ALQUILER PARADAS
La consejera del ramo criticó el “empeño” del Gobierno de Rajoy por “torpedear” las políticas andaluzas en favor de los más necesitados ya que su comparecencia fue convocada para denunciar la negativa del Ejecutivo central de retirar su “amenaza” de no otorgar a la Junta los 15 millones de euros destinados a las ayudas al alquiler para familias con rentas inferiores a 18.000 euros anuales, unas ayudas que han solicitado 28.000 andaluces y de las que según la Junta se podrían beneficiar alrededor de 7.150 familias.
Junta y Estado celebraron ayer una reunión de la Comisión Bilateral de Vivenda pedida por la administración autonómica tras recibir un requerimiento previo el pasado 6 de mayo en el que le exigía corregir la orden reguladora de estas ayudas, financiadas íntegramente con fondos estatales. De no hacerlo interpondrá un recurso contencioso-administrativo y paralizará la transferencia de los fondos estatales para estas ayudas. El argumento es que la Ley de subvenciones exige que los beneficiarios de ayudas estén al día con Hacienda y no tengas deudas con la Agencia Tributaria ni la Seguridad Social pero la orden andaluza eximía de esta exigencia acogiéndose a que, según la Junta, la propia ley de subvenciones permite una excepciones en función de la “naturaleza de las subvenciones”. La Junta entiende que estas ayudas van dirigidas a familias con muy escasos recursos que si no pueden pagar alquileres que no pueden superar las 500 euros mensuales “tampoco otras deudas porque hay familias que están en la tesitoura de elegir entre comer o pagar deudas” y pidió al Gobierno la reunión de la Comisión Bilateral para tratar de convencerlo. Según Serrano no fue así. El Ejecutivo de la nación se “enrocó” e incluso “amenazó” con no transferir tampoco otros 4,5 millones de euros para ayudas al alquiler social de familias especialmente vulnerables convocadas en agoso de 2014, con una orden que tampoco exigia estar al día con Hacienda aunque el Gobierno no la recurrió, y aún en trámites de resolución.
La Junta denunció la actitud del Gobierno pero admitió que está buscando “alternativas” para que los ciudadanos no se vean perjudicados que pasarían por financiar desde Andalucía las ayudas, aunque es la opción menos factible ante la necesidad de cumplir el objetivo del déficit y las dificultades presupuestarias, o cambiar la orden para cumplir con la exigencia estatal pese a considerar que es una “malinterpretación” de la ley de subvenciones. Serrano no pudo precisar cuántas familias de las 28.000 que han solicitado estas ayudas incumplen el requisito de no tener deudas con Hacienda.