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Una funcionaria del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Dos Hermanas atiende a los demandantes de empleo en la oficina de la ciudad nazarena. / José Manuel Cabello
Los funcionarios y trabajadores públicos de la Junta de Andalucía deberán esperar para saber cómo se resuelve su retorno a la jornada de 35 horas: ayer el consejo de gobierno sorprendió al no ratificar el acuerdo alcanzado el lunes con los sindicatos para hacer en casa el pico de dos horas y media al que obliga el fallo del Tribunal Constitucional tras aceptar los argumentos del Gobierno, en la senda de la austeridad de las administraciones, para anular la semana laboral reimplantada en Andalucía a principios de 2017.
Esta marcha atrás a un acuerdo que ayer –según el guion vigente hasta el lunes por la noche– todos esperaban que se ratificara viene marcada porque, explicó el portavoz del gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, hay que hacer un «seguimiento» de esa jornada de 37 horas y 30 minutos, algo que la Junta estudia cómo hacer: por un lado, pretende que esas horas se trabajen –y controlen– desde casa y se dediquen al «desarrollo profesional, a la revisión del trabajo y a aumentar la calidad de los servicios públicos», por otro nada tiene que ver el trabajo de los profesores con el de los sanitarios o con el funcionario de ventanilla.
Preguntado de forma insistente en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno, Blanco se remitió una y otra vez a la «consejería correspondiente», que todavía tiene que pensar cómo se puede controlar esta parte de la jornada desde el domicilio de los miles de empleados públicos que se hará desde casa para que la sentencia del Constitucional no suponga la amortización (el despido por sobrantes) de 7.000 interinos.
Pese a esta laguna, Blanco insistió en el mensaje de «tranquilidad» para los empleados públicos y en el de «rigor» en el cumplimiento de la sentencia por parte de la Junta de Andalucía.
Preguntado si esta solución se podría haber implantado antes (y haber evitado así el bofetón de una sentencia en contra del Tribunal Constitucional), Blanco adujo que a principios de este año no había sentencia alguna que sirviera de precedente negativo y que la Junta solo trata de «recuperar derechos» de los trabajadores públicos «tras la crisis», y que ahora «responde y trabaja desde la seriedad».
El acuerdo del lunes, suscrito con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, no obstante, se remitirá al Tribunal Constitucional «para que tenga constancia de la aplicación de su reciente sentencia». En cualquier caso, descartó que la opción del teletrabajo durante dos horas y media a la semana suponga «dejar de acatar» la sentencia.
Uno de los colectivos afectados, el de los docentes, verá como se considera este curso una hora de guardia como lectiva, y dos el curso que viene. Para los sanitarios, explicó el portavoz del gobierno autónomo, los turnos de trabajo seguirán «los criterios generales vigentes.
REACCIONES
CCOO se quedó ayer ojiplatica tras ver aplazado un acuerdo que daba por concluido y afeó «la improvisación» de la Junta, mientras que UGT-A señaló que el aplazamiento de «una semana» para su convalidación es preferible para «evitar desconfianzas» sobre el cumplimiento de las dos horas y media no presenciales.
Así, en declaraciones a la agencia Europa Press, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-A, Agustín de la Cruz, criticó que la Consejería de Hacienda y Administración Pública no les dijera «que iban a incluir un procedimiento de seguimiento de la jornada».
Por su parte, el secretario general de la Federación de empleados y empleadas de Servicios Públicos de UGT-A, Antonio Tirado, consideró que muchos empleados públicos «echan hasta 40 horas a la semana».
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) pidió en cambio, directamente, el cese de la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, por el «bochornoso espectáculo».
Entre los partidos, la portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, aseguró que algunas de las medidas anunciadas por la Junta «podrían haberse tomado antes, como en otras comunidades, pero se ha preferido la bronca».
IU consideró que la celeridad con la que el gobierno andaluz ha encontrado una solución «hace pensar que el decreto de las 35 horas nació como un plan A para confrontar con el Gobierno central y lavar la imagen de Susana Díaz, y el plan B nace para resolver un problema que el Ejecutivo andaluz sabía que generaba».
El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Juan Marín, cree en cambio «positiva» la solución que el gobierno andaluz ha dado.
El PSOE-A abundó por su parte en el «papelón» que, a su juicio, ha hecho el presidente del PP-A, Juanma Moreno, tras haberse ofrecido a los sindicatos como mediador ante el Gobierno central y la posterior sentencia del Tribunal Constitucional.