La Junta lleva años presumiendo de sostener «a pulmón» el sistema de ayuda a la Dependencia tras el recorte del Estado a su financiación, que según sostiene, ha pasado del 50 por ciento fijado por ley al 22 por ciento, o lo que es lo mismo, 508 millones menos aportados desde 2012. Ahora, el Gobierno andaluz quiere embarcar al resto de comunidades en un frente común para exigir al Estado que ponga la parte que le corresponde. También para que restaure la cotización a la Seguridad Social para los cuidadores familiares, el 94 por ciento mujeres, suprimida en 2012, y que reforme el baremo para valorar a los dependientes después de que ese mismo año endureciera los criterios para determinar el grado y nivel de dependencia.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer solicitar la convocatoria «urgente y extraordinaria de la Comisión General de las Comunidades Autonómas del Senado» en la que comparezcan los máximos responsables estatales y autonómicos en la materia. El objetivo de la Junta es hacer un informe motivado con las recomendaciones de las distintas administraciones para fijar un sistema de financiación que garantice que las comunidades puedan atender a sus dependientes. En Andalucía hay 185.200 beneficiarios que reciben 239.000 prestaciones (algunas como la teleasistencia son compatibles con el resto, además de la ayuda a domicilio con los centros de día). No obstante, otros 102.225 dependientes están en lista de espera. Ya han sido valorados y se les ha concedido el derecho a un servicio o ayuda económica pero aún no la reciben. El presupuesto andaluz para el sistema este año es de 1.160 millones y en 2017 alcanzará los 1.188, con la previsión de incorporar a 65.000 nuevos beneficiarios, la mayoría dependientes moderados que hasta julio de 2015 no tuvieron acceso a las ayudas porque el Gobierno retrasó el calendario de la ley.
La Junta quiere proponer al resto de comunidades pedir al Gobierno que reforme el sistema de valoración de los dependientes para simplificar y agilizar los trámites de forma que desde la solicitud hasta la percepción de la ayuda no pasen más de seis meses. Es el plazo que fija la ley pero no se cumple. También pide derogar la reforma local que limita las funciones de los ayuntamientos en servicios sociales.