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Aquilino Alonso, consejero de Salud, conversa con el líder del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla. / Europa Press
El Parlamento de Andalucía debatió ayer de Sanidad en un pleno extraordinario que finalmente Ciudadanos y el PSOE-A aceptaron después del revuelo social ante algunos procesos de fusiones hospitalarias que se encontraron con el rechazo masivo de plataformas y colectivos en provincias como Granada o Huelva. Esta iniciativa derivó en una causa general sobre el sistema sanitario público andaluz que obligó a naranjas y socialistas a aceptar la celebración de este pleno al que se opusieron en varias ocasiones. En las propuestas que se aprobaron tras el debate, el Parlamento instó por unanimidad a la Junta a poner en funcionamiento, antes del 1 de junio de 2017, dos hospitales completos con direcciones independientes, carteras de servicios diferenciadas y urgencias finalistas en Granada. Salud presentará una propuesta detallada antes del 28 de febrero. En este sentido, el Parlamento ha instado por unanimidad al Ejecutivo a publicar de manera inmediata una nueva Orden que deje sin efecto las anteriores sobre la estructura de gestión y funcionamiento en las áreas de Salud de Granada y Huelva, así como a retirar de inmediato los recursos judiciales actualmente vigentes del SAS contra sentencias que declaran nulas las fusiones hospitalarias.
Por su parte, el PSOE-A, apoyado por Podemos y Ciudadanos, con el rechazo del PP-A y la abstención de IU, reclamó en una de sus propuestas un pacto social integrado por partidos, fuerzas sindicales y empresariales, tejido asociativo y ciudadanía en general, en favor del sistema sanitario público.
«Nunca hemos dicho que sea perfecto. Queda mucho por hacer», reconoció el consejero de Sanidad, Aquilino Alonso, en su primera intervención. Experimentado en la gestión más que en la confrontación política, el consejero tarareó una serie de datos y estadísticas que convencieron poco o nada a los grupos de la oposición. La antigua consejera de Salud, ahora en Hacienda, María Jesús Montero, auxilió a Alonso mientras los portavoces de IU, Ciudadanos, Podemos y PP le recordaban las deficiencias que a su juicio tiene el sistema sanitario. «Escriben mejor que gobiernan. La Sanidad no es como a usted se la escriben. Nos tortura a estadísticas», dijo Inmaculada Nieto de IU.
Por Ciudadanos, Isabel Albás pidió al Gobierno andaluz más comprensión ante las quejas de los usuarios y plataformas, además de insistir en la transparencia. Juan Antonio Gil de los Santos (Podemos) planteó al consejero la elaboración de una auditoría del Sistema Andaluz de Salud por parte de un órgano independiente. Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, describió una «crisis sanitaria sin precedentes en la que la Junta se ha quedado sola». «Tienen ustedes un sentido patrimonial de la Sanidad. Las radiografías las pagan los andaluces con sus impuestos, no el PSOE», expuso.
Además del auxilio desde el escaño de María Jesús Montero, Aquilino Alonso contó con la ayuda del portavoz socialista Mario Jiménez desde la tribuna. Aseguró que el Gobierno andaluz actuó con «sensibilidad, responsabilidad, rigor y autocrítica» ante las protestas ciudadanas. Sin embargo, reprochó a PP, Podemos e IU su cuestionamiento del modelo y advirtió a los populares: «Perderán en su ofensiva contra el sistema de sanidad público». En su segunda intervención, el consejero propuso al resto de los grupos un pacto por la Sanidad Pública Andaluza en el marco de la Ley de Garantías y Sostenibilidad. En este segundo turno, el PP-A optó por Juan Manuel Moreno Bonilla, líder regional, como orador, hecho que provocó cierta sorna en las filas socialistas. El dirigente de los populares se comprometió a través de sus primeros presupuestos como presidente de la Junta a solucionar todas las deficiencias del sistema sanitario andaluz. Los populares reprocharon la ausencia de Susana Díaz, presidenta de la Junta, en el debate. Díaz acompañó al rey Felipe VI en su visita a Málaga y llegó a Sevilla cuando el pleno ya estaba más que comenzado.
La Cámara ha instado al Ejecutivo a continuar trabajando para conseguir la recuperación de los derechos perdidos por los profesionales sanitarios como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno central en el año 2012.
Respecto a las propuestas de Podemos aprobadas, se encuentra instar a la Junta a establecer un suelo de gasto sanitario público anual del 6,5 por ciento del PIB y tomar medidas para combatir el incremento en el aseguramiento privado que va en perjuicio de lo público.
Por unanimidad, el Parlamento de Andalucía ha instado al Consejo de Gobierno a la presentación de un plan estructural, antes de abril de 2017, para mejorar las listas de espera y a que lleve a cabo de forma urgente en las provincias donde haya habido fusión hospitalaria, las medidas necesarias, a través del diálogo con todos los agentes implicados, para devolver y mejorar la atención sanitaria previa a la citada fusión, poniendo plazos concretos a las medidas correspondientes y concretas.
De Ciudadanos, se rechazó, con los votos de PSOE-A, Podemos e IU, que la Junta creara una comisión de profesionales, asociaciones de pacientes y la industria farmacéutica para consensuar una alternativa a la subasta de medicamentos.