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La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez. / Efe -
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ayer en el Parlamento. / Efe
En general se trata de fijar compromisos que obligarán a las entidades adjudicatarias a cuidar unas mínimas condiciones laborales de sus empleados, cumplir unos mínimos requisitos medioambientales y unos principios e igualdad en sus plantillas.
A partir del segundo semestre de este año, cualquier empresa que contrate con la Junta tendrá que cumplir una serie de cláusulas sociales. El Gobierno andaluz prevé aprobar antes del 30 de junio una guía con los requisitos contractuales que exigirá en el pliego de condiciones para subcontratar o conveniar algún servicio público. Estas cláusulas están por definir, porque no serán las mismas para empresas auxiliares de la Administración educativa que para aquellas que trabajen para el sector sanitario o la justicia. Pero en general se trata de fijar compromisos que obligarán a las entidades adjudicatarias a cuidar unas mínimas condiciones laborales de sus empleados, cumplir unos mínimos requisitos medioambientales y unos principios e igualdad en sus plantillas.
«En todos los pliegos de contratación que se pongan en marcha en la Junta se contemplará esa garantía de cara a que las empresas adjudicatarias den servicios de calidad y mantengan empleo digno y estable», anunció ayer la presidenta Susana Díaz durante la sesión de control al Gobierno. El anuncio lo hizo en respuesta a una pregunta de la secretaria general de Podemos, Teresa Rodríguez, que defendió la medida, pero se mostró escéptica tras recordar a Díaz que ya anunció en el Parlamento que este mismo mes se reactivarían los cursos de formación a parados y trabajadores de baja cualificación (bloqueados desde que se destapó la investigación judicial, en 2011). «Faltan seis días para que se termine el mes y aún no se han publicado las convocatorias de ayudas para cursos de formación», le recordó Rodríguez. La presidenta no le respondió.
Las cláusulas sociales en la contratación pública se anunció por primera vez hace años, con otro presidente –José Antonio Griñán–, pero es ahora cuando parece estar a punto de llegar al BOJA. Con todo, la Consejería de Hacienda advirtió ayer de que la Junta tiene «un margen estrecho» para imponer cláusulas a las empresas con las que contrata determinados servicios, porque el marco legal lo establece la Ley estatal de Contratos. Se trataría, por ejemplo, de primar a empresas que cuentan con más empleados fijos que temporales, explicaron fuentes del Gobierno andaluz.
Pero Díaz encontró mucho más que escepticismo en IU y Podemos. La coalición de izquierdas volvió a insistir en la pregunta del último pleno, denunciando las malas condiciones laborales («próximas a la esclavitud») de las mujeres que limpian hoteles. «El turismo es el motor de la economía andaluza, pero a costa de unas condiciones salariales de miseria», dijo la portavoz adjunta de IU, Elena Cortés.
La líder de Podemos, Teresa Rodríguez, criticó las condiciones laborales de los empleados de empresas subcontratadas por la Junta, como los del 061, 112, Salud Responde, monitores, los intérpretes de signos de Canal Sur o de institutos de ESO, y se quejó de que «no hayan mejorado su situación» a pesar de que el Parlamento ha apoyado tres iniciativas en ese sentido. Rodríguez defendió que «remunicipalizar servicios ahorra costes y mejora las condiciones de los trabajadores».
Pero Díaz le replicó duramente. «La demagogia puede tener éxito pero no ayuda a la gente», dijo, tras exigirle rigor con el siguiente ejemplo: «Usted no puede decir que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al remunicipalizar tres guarderías y despedir a 30 trabajadores, lo hace por capricho. Colau ha hecho lo que tenía que hacer en función de la ley», afirmó Díaz, y conminó a Rodríguez a decir la verdad a los empleados de empresas conveniadas por la Administración: «que si se prestan directamente por la Junta, perderán el empleo y se irán a la calle».