La Junta de Andalucía abonará en 20 días naturales, frente a los 30 vigentes ahora, las facturas de proveedores de algunos servicios vinculados a salud, educación y servicios sociales. Eso es lo que establece el Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se fija la garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones de la Administración y sus Entidades Instrumentales, publicado en el BOJA el viernes. En él también se establece, por vez primera, un periodo máximo de 45 días para recibir subvenciones destinadas a las prestaciones fundamentales de salud, educación y servicios sociales. Además, el decreto fija procedimientos para evitar demoras en los pagos y asegurar el cumplimiento de este plazo, incluyendo la posibilidad de cobro directo a través de una entidad de crédito.
La norma aprobada especifica que, en el sector de la salud, se atenderá el pago en 20 días a las facturas de servicios asistenciales, conciertos (como los de transporte en ambulancia, diálisis o rehabilitación) y aquellas partidas necesarias para el funcionamiento de los centros sanitarios y hospitales (agua, gas, limpieza, lavandería, productos alimenticios y por prestaciones farmacéuticas y complementarias).
En el ámbito educativo, la medida supondrá agilizar los abonos de reparación, mantenimiento y conservación de edificios docentes públicos, así como al programa de gratuidad de libros de textos, aula matinal, transporte escolar, comedores, becas y ayudas al estudio, conciertos docentes y gastos de limpieza, seguridad, electricidad y funcionamiento de los centros de Educación Infantil, enseñanza obligatoria o Formación Profesional. Por ahora, no se incluyen los pagos relacionados con las universidades públicas, aunque el decreto prevé la ampliación gradual de los ámbitos en los que se establecerán plazos máximos para el abono de facturas. En los servicios sociales, el pago a 20 días beneficiará a la atención a la dependencia y la infancia, el plan sobre drogodependencias, la asistencia jurídica gratuita o la protección contra la violencia de género.
Para evitar demoras involuntarias, el sistema enviará alertas de forma automática a los órganos encargados de reconocer las obligaciones y de pagar a los proveedores (consejerías y agencias) cuando tengan facturas próximas a vencimiento.
Además, se crea la Oficina de Atención a Personas Acreedoras, una sede electrónica donde los interesados podrán acceder a la información sobre el estado de tramitación de sus facturas y obtener un certificado que acredite la deuda vencida en el caso de reclamación por demora. Desde ese momento, la Administración tiene siete días hábiles para contestar. Si cree que procede el pago, dará la orden a la Tesorería; si detecta incidencias que impidan el abono, éstas tendrán que subsanarse antes de proceder al pago, y la tercera opción es que dicha oficina acepte el abono pero la Tesorería no disponga de fondos, por lo que emitirá un documento para que el afectado pueda cobrar en entidades bancaria sin coste alguno.
En noviembre, el periodo medio de pago a todo tipo de proveedores fue de 14 días frente a los 33 de media nacional.