El consejo de gobierno andaluz aprobó el Decreto Ley de Medidas Relativas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que rebaja la carga tributaria de las herencias. La reforma amplía las deducciones por las transmisiones de vivienda habitual y lleva al 99 por ciento las reducciones en las explotaciones agrarias. Así lo explicó la rueda de prensa la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien señaló que la norma entrará en vigor en unos días, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Esta rebaja del impuesto de sucesiones nace del acuerdo firmado el 17 de junio entre el PSOE-A y Ciudadanos.
La principal novedad del decreto es la ampliación de las deducciones por la herencia de vivienda habitual para los descendientes directos que hubieran convivido con el fallecido durante los dos años anteriores a su muerte. La desgravación oscilará entre el 100 por cien para inmuebles de hasta 122.606,47 euros y el 95 por ciento para aquellos con un valor real de más de 242.000 euros.
Otra de las reformas es la reducción del periodo de mantenimiento del inmueble recibido de diez a tres años, a partir de los cuales los herederos podrán venderlo.
La segunda fase de la reforma se tramitará en la Ley del Presupuesto de Andalucía para que entre en vigor el 1 de enero de 2017 y corregirá el error de salto que actualmente afecta al tributo. En ese caso, mejorará la ponderación de las deducciones y los requisitos de acceso a las bonificaciones, de manera que aumentará el mínimo exento de tributación para las herencias recibidas por parientes directos, que pasará de 175.000 euros a 250.000 euros. Además, para bases imponibles de entre 250.000 y 350.000 euros se creará una reducción de 200.000 que corregirá el salto en esta franja de herencias.
Montero explicó que la modificación del impuesto tendrá un impacto económico de 125 millones de euros, de los que la parte correspondiente a ampliación de deducción por vivienda habitual serán 16 millones y la correspondiente a explotaciones agrarias será de 5,8 millones. Así, señaló que la Junta hará frente a esa pérdida de ingresos «aprovechado la recuperación económica y la mejora de la recaudación de la administración pública para hacer frente a una mejora también para las rentas de las clases medias y trabajadoras».
También calculó que serán 3.100 personas las que se beneficien de la medida, un 56,5 por ciento del total de contribuyentes. Unas 1.000 de la mejora en vivienda, unas 400 en explotaciones agrarias, mientras que los beneficiarios del mínimo exento, que entrará en vigor el 1 de enero, serán unos 1.700 ciudadanos.
Sobre las posibles modificaciones que pueda sufrir el impuesto en el futuro, Montero señaló que la fiscalidad «siempre es dinámica» y esta reforma «es francamente buena, justa y progresiva», a la que se «comprometió Susana Díaz en su investidura y que da respuesta al acuerdo firmado con C’s», por eso advirtió que las reformas que puedan venir en esta línea para armonizar el impuesto deben producirse en el marco de la Administración estatal. Y es que, como recalcó, «la comunidad autónoma necesita la cantidad que aporta este impuesto para financiar los servicios públicos», por eso dijo que «si alguna formación tiene como objetivo eliminar el impuesto, debe proponerlo a nivel estatal para que se compense a las comunidades a las que se incorporó ese impuesto como parte de su modelo de financiación». «Si se quita se tiene que sustituir por otra fuente financiera», apostilló.