-
Una cuidadora observa a su familiar postrado en la cama. / EFE
Cuando una persona solicita una ayuda de la Ley de Dependencia lo hace en los servicios sociales municipales que remiten esa petición a la Consejería de Igualdad, donde se establece una cita para que valoradores de la Junta reconozcan al usuario en su entorno y determinen su grado y nivel de dependencia. Esta valoración vuelve a los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos para que elaboren un Plan Individual de Atención (PIA) en el que se propone la prestación más adecuada, PIA que vuelve a la Consejería de Igualdad para aprobarlo y conceder la ayuda que a partir de ese momento se tiene derecho a recibir. La Ley de Dependencia fija que todo esto se haga en seis meses. La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, reconoce que la media en Andalucía es tardar nueve meses pero al Defensor del Pueblo Andaluz llegan cada año múltiples quejas por retrasos superiores, el último informe del Observatorio de la Dependencia habla de una situación «crítica» del sistema en Andalucía porque el ritmo de incorporación de dependientes atendidos no alcanza a paliar el «inmenso limbo» de más de 100.000 personas ya valoradas y con derecho a una prestación que no la reciben. Y la Junta echa la culpa a los recortes del Estado que incumple su obligación legal de financiar la ley al 50 por ciento y sólo aporta el 22, por lo que el Gobierno andaluz tiene que poner el 78 por ciento restante (1.181 millones en los presupuestos de 2017). Pese a ello, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un plan de choque para este año con 25 millones extra que busca agilizar los trámites desde que se solicita la ayuda hasta recibirla para cumplir los seis meses que marca la ley y reducirlos en los casos más graves, que tendrán una prioridad que hasta ahora no existía ya que sólo se seguía el orden de llegada de las solicitudes.
Pese a que este plan de choque era el tema estrella del Consejo de Gobierno, la consejera de Igualdad concretó poco de cómo se agilizará el proceso al asegurar que tiene que negociarlo con los ayuntamientos, la otra administración involucrada en el sistema a través de los servicios sociales comunitarios. Pero señaló que la idea que barajan es quitar varios pasos del itinerario que siguen los expedientes. Una posibilidad es que las solicitudes se presenten directamente en la Junta para evitar que se recojan en los servicios sociales municipales y tengan que enviarse allí. También se estudia que la valoración del grado y nivel de dependencia incluya ya una propuesta de prestación.
La previsión es incorporar este año a 76.400 nuevos dependientes atendidos (más que los que usuarios que entraron al sistema entre 2015 y 2016) y pasar de los 183.000 beneficiarios actuales a 234.000 a finales de 2017. La consejera insistió en que «vamos a agilizar los procedimientos» porque «es un clamor» pero dejó claro que los retrasos del sistema «realmente se resolverán cuando se recupere la financiación estatal», tras recordar que fue el actual líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, quien como secretario de Estado de Sanidad y Políticas Sociales firmó el decreto de 2012 por el que el Gobierno central paralizó el calendario de desarrollo de la ley y recortó su aportación. La Junta sostiene que desde entonces ha dejado de percibir 508 millones del Estado con los que podría haber atendido a más de 105.000 usuarios y creado 20.000 empleos que se sumarían a los 45.000 existentes actualmente en el sector.
Más flexibilidad para dar ayudas económicas
El plan también flexibiliza la concesión de ayudas económicas, contempladas en la ley como excepcionales y que tras dispararse en los primeros años, la Junta restringió priorizando los servicios. Sánchez Rubio explicó que tras detectar una excesiva «rigidez» y sobre todo disparidad en la interpretación de la excepcionalidad en los servicios sociales de cada ayuntamiento, se han concretado los supuestos para conceder ayudas económicas por cuidados familiares: menores de 21 años en etapa escolar, enfermos mentales que permanecen con la familia y personas con necesidades especiales para las que la ayuda a domicilio o el centro de día resultan insuficientes y la residencia es desaconsejada por los servicios sociales.
El plan también incorpora la teleasistencia avanzada (con detector de caídas y humos y dispositivo GPS para que funcione fuera del domicilio) como la prestación principal para los dependientes moderados. La Junta mantiene un litigio con el Gobierno central porque el Estado rechaza pagar esta prestación al considerarla una mejora incorporada por Andalucía si bien la contempla en el catálogo de prestaciones y contabiliza en las estadísticas a sus usuarios. Desde su puesta en marcha hace año y medio la Junta cifra la deuda estatal en 16 millones.