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Primer día de curso en una guardería del barrio sevillano de Triana. / Pepo Herrera
La Junta de Andalucía arrancó una moraleja de la controversia suscitada a partir del proyecto de fusiones hospitalarias en algunas provincias: no hay que dejar que los problemas crezcan. Bajo esta premisa se ha remangado la chaqueta con la Educación Infantil (0 a 3 años). El Consejo de Gobierno aprobó ayer un Decreto Ley, por vía de urgencia, para favorecer la Escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil en Andalucía. El convenio vigente expiraba en julio próximo y algunas asociaciones ya habían tocado el botón de alarma ante la situación de las guarderías.
La Junta trata de aliviar el descontento con un decreto que, según la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, «permitirá que la mitad de los niños matriculados accedan a este ciclo de manera gratuita». En total, la consejería cifra en 43.000 (7.500 más) la cifra de los niños de cero a dos años con acceso gratuito. El próximo curso se alcanzarán las 110.000 plazas en este ciclo, cumpliendo el compromiso de investidura de Susana Díaz, aunque no se tratan de plazas públicas pues el aumento llega por la inclusión de los centros privados en este convenio.
Uno de los temas más polémicos era la intención de la Junta de fijar un plazo cerrado (mes de mayo) para que las familias soliciten las ayudas, lo que impedía que accedieran a ellas familias que matriculaban a sus hijos a mitad de curso. La nueva norma garantiza que todos los niños se escolaricen en fecha posterior a 1 de septiembre podrán solicitar la ayuda a través de una convocatoria extraordinaria. Andalucía destina 175,4 millones para sufragar estas ayudas. Es una cantidad cerrada, aunque la consejera «aseguró» que con las proyecciones que se han hecho ningún niño se quedará sin incentivos a causa de falta de fondos, pese a que se matricule con el curso ya iniciado.
El nuevo modelo también determina el precio máximo por plaza: 278,88 euros por un servicio de ocho horas y comedor. El mismo precio desde hace nueve años. Varias asociaciones de Escuelas de Infantiles han abogado por elevar el precio hasta los 300 euros, medida que la Junta reprochó al sector «al querer aumentar la carga de las familias». Algunos colectivos también advertían que la posibilidad de ofertar más barato haría «imposible» mantener la calidad. Sin embargo, la Junta sí abre la puerta a abaratar esos 278,88 euros. Posibilita a los centros a rebajar hasta un 15 por ciento la parte socioeducativa de la matrícula (de 209, 16 euros a 177,79), quedando intacta la cuantía dedicada al comedor. «La calidad está garantizada», aseguró De la Calle. La coordinadora de las Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI), Rosario de la Peña, se mostró ayer contraria a que se posibilite una horquilla inferior al precio de matrícula.
Otra novedad es que se mejora la progresividad de las ayudas que se otorgan, pasando de cuatro tramos a nueve: 100 por ciento, 80, 70, 60 y así sucesivamente hasta el 10%. Se establece la concurrencia competitiva como método para la concesión de las ayudas. El criterio base será la renta per capita anual de la unidad familiar y, en casos de empate, entrará en juego la edad del niño.
Cualquier centro público o privado autorizado podrá adherirse al programa de ayudas previsto en el decreto ley, lo que implica que más usuarios accederán a una plaza con las condiciones de admisión en igualdad establecidas por la Junta. En la actualidad, hay 1.610 centros educativos de esta etapa que ofertan a través del sistema público y se podrían incorporar otros 642.
La consejera rechazó las críticas por una supuesta falta de diálogo de la Junta pese a que el decreto se ha aprobado por vía de urgencia, puesto que los colectivos han tenido «suficiente información» sobre las claves del documento.
No opinó igual el PP-A, que reprochó «la falta de diálogo de la Junta, en un decreto que no hace más que esconder los recortes». Los populares exigen mantener el Decreto vigente para este curso, convocar «de manera urgente» a la mesa sectorial para revisar y actualizar la actual normativa.
Podemos Andalucía advirtió de que con que el decreto habrá «niños de primera y de segunda categoría». «Reduce las ayudas y fuerza una competencia feroz, por lo que cree que va a provocar que aparezcan nuevamente las «guarderías pirata», sostiene la formación morada.
A IU le preocupa su impacto negativo para las pequeñas empresas lideradas sobre todo por mujeres ante la entrada de grandes empresas en este mercado.