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La consejera de Bienestar Social, María José Sánchez Rubio. / EFE
Los servicios de valoración de discapacidad y dependencia priorizarán a los menores de 6 años para agilizar la detección y atención de estas situaciones en los más pequeños, al tiempo que las familias con hijos en esta situación tendrán preferencia para acceder a plazas de escuelas infantiles y a ayudas sociales, educativas y de rehabilitación de vivienda. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el I Plan de Atención a la Infancia en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla, un plan específico que la Ley de Dependencia exige a las comunidades que desarrollen para menores de 3 años pero que el Gobierno andaluz ha ampliado a los 6. Pese a que el sistema de dependencia lleva una década en vigor, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, presumió de que Andalucía es la primera comunidad en desarrollar un plan específico para los menores dependientes.
Según los datos de la Junta, en Andalucía hay actualmente 4.168 menores de seis años con una discapacidad superior al 33 por ciento reconocida y de ellos, 2.054 son beneficiarios de algún tipo de prestación de la Ley de Dependencia. El plan contempla dar prioridad a la valoración de estos menores en los que la detección precoz puede ser clave para que el grado de dependencia no se agrave.
Las prestaciones y servicios de atención a la dependencia para estos menores son las mismas que para los adultos si bien la consejera anunció que tendrán la posibilidad de compatibilizar las ayudas económicos por cuidados familiares con apoyos puntuales de los profesionales de ayuda a domicilio.
Aunque la consejera anunció que el plan, con una vigencia inicial de cuatro años, prevé una dotación presupuestaria de 200 millones anuales, reconoció que no se trata de una inversión adicional sino con cargo a los presupuestos de las consejerías implicadas: Educación, Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda. De hecho muchas de las medidas del plan buscan aumentar la coordinación entre los profesionales que atienden a estos menores en los distintos ámbitos y formar a los profesionales de cada uno de ello para detectar señales de alertan que permitan una detección precoz de «desviaciones en el desarrollo evolutivo» de los pequeños tras los cuales pueda haber una situación de discapacidad o dependencia. También para la detección de malos tratos ante los que estos menores «son más susceptibles porque se les exige capacidades de respuestas que no tienen por su discapacidad y que en entornos de violencia» puedan dar lugar a abusos y agresiones,
El plan también prevé acuerdos con universidades y centros de investigación para promover proyectos dirigidos a estudiar estos problemas de la infancia.