El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicará la convocatoria de los cursos de formación para el empleo cuatro años después de que fueran suspendidos a raíz del presunto fraude en la concesión de sus subvenciones. Se ofrecerán un total de 1.779 actividades formativas que estarán destinadas a 26.600 andaluces. Las empresas que quieran ser concesionarias de algunas de ellas tendrán diez días, a partir de su publicación en el BOJA, para presentar sus solicitudes, y desde esa fecha la Junta contará con cuatro meses para publicar las adjudicatarias.
En total se destinarán a los cursos 71,5 millones de euros, que serán repartidos de forma proporcional en cada provincia, dependiendo del número de desempleados. Además se destinarán otros 50 millones de euros a las escuelas taller y casas de oficio, y otros 20 para trabajadores ocupados que precisan especializarse o mejorar su formación, por lo que en total se invertirán 142 millones. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, informó de que los cursos irán en consonancia con las demandas de los distintos sectores productivos para que sean útiles en el aumento de la competitividad de las empresas. Así, destacó la aeronáutica, la soldadura naval, la dependencia o las energías renovables como algunas de las especialidades que se ofertarán en esta nueva convocatoria. Aquellos desempleados que estén dados de alta en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), los parados de larga duración y las víctimas de violencia de género tendrán prioridad a la hora de acceder a estos cursos.
La política andaluza de formación para el empleo, que en años anteriores a la crisis movió muchísimo dinero público, quedó estancada cuando en 2011 una investigación policial y judicial detectó posibles irregularidades en el uso de estos fondos. La Junta ordenó paralizar los cursos y abrió una investigación interna que le llevó a revisar, uno a uno, los más de 8.000 expedientes de ayudas otorgadas entre 2007 y 2012. El caso también llegó al Parlamento tras aprobarse la creación de una comisión de investigación en la que declararon varios altos cargos, exconsejeros, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y la propia Susana Díaz.
Con el objetivo de evitar nuevas irregularidades, la Junta ha diseñado esta nueva convocatoria con medidas antifraude. De este modo, se incorporan criterios de baremación cuantificables que garantizan la concurrencia competitiva en el acceso a las subvenciones para la realización de cursos, además de la prohibición de subcontratar las acciones formativas. También establece una única forma de pago, de manera que las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25 por ciento de la subvención en el momento de la concesión de la misma, un 35 una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40 restante tras la justificación total de la subvención concedida.