-
La sede central de Unicaja en Málaga. / Jorge Zapata (Efe)
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado sancionar con más de 3,1 millones de euros a Unicaja Banco, por introducir cláusulas abusivas en contratos de préstamos hipotecarios y por incumplimiento de la información de prestación de servicio.
Según ha indicado la Junta en una nota, el procedimiento se inició en 2016, tras la recepción de 537 denuncias de particulares, que fueron tramitadas en el marco de una campaña de control de la Inspección de Consumo por la inclusión de cláusulas suelo en las escrituras.
La sanción incluye 650.000 euros por infracciones muy graves contra la legislación vigente de defensa de los consumidores y, además, el decomiso del beneficio ilícito obtenido, cuantificado en casi 2,5 millones de euros.
De acuerdo con la normativa vigente, son cláusulas abusivas aquellas que causan un desequilibrio en la posición entre el consumidor y el empresario, por ejemplo, reservando a éste facultades para interpretar, modificar o resolver unilateralmente el contrato; imponiendo garantías desproporcionadas al riesgo asumido, o estableciendo la renuncia del prestatario al derecho a la notificación en caso de cesión del préstamo. Esta práctica conlleva una sanción de 300.000 euros.
De un importe de 350.000 euros es la multa por incumplir el deber de información de prestación de servicio, concretamente sobre las cláusulas suelo. Estas se introducen en los contratos de préstamo hipotecario a interés variable –fundamentalmente Euríbor– y prevén que, aunque el tipo se sitúe por debajo de un determinado umbral establecido en la propia hipoteca, la persona consumidora seguirá abonando lo correspondiente a ese umbral y no la cantidad equivalente a la bajada del Euríbor.
Para la fijación de las cuantías se han tenido en cuenta como agravantes el perjuicio causado a los consumidores –estimable en más de 50.000 euros– y la posición relevante del infractor en el mercado. Respecto a este último punto, la entidad sancionada contaba en 2012 con 690 de las 3.061 oficinas de cajas de ahorro en Andalucía (el 22,5%).
Además de la legislación que se aplica en esta sanción, la comunidad autónoma cuenta también con la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria de Vivienda, que fue aprobada por el Parlamento andaluz en mayo de 2016 para aumentar las garantías y el derecho a la información de los andaluces en estas materia.
El texto aporta una serie de mejoras respecto a la normativa estatal en cuanto a los datos que se debe proporcionar a quien suscribe un préstamo hipotecario y, además, extiende la protección a los avalistas.
Según datos de la Consejería de Salud, la Dirección General de Consumo ha recibido en lo que va de año 12.650 reclamaciones y ha atendido 31.820 consultas a través del servicio multicanal Consumo Responde. El sector bancario aglutina 1.293 de las primeras (un 10,22%) y 2.081 de las segundas (6,53%).
UNICAJA RECURRIRÁ LA MULTA
Unicaja Banco ha asegurado tras conocer la sanción que las condiciones generales de sus hipotecas son «claras, transparentes y ajustadas a Derecho», tras conocer el acuerdo de la Junta de Andalucía sobre una sanción a la entidad respecto a «cláusulas abusivas en contratos de prestamos hipotecarios», ante lo que el banco ha anunciado que tiene previsto presentar el recurso correspondiente a esta resolución.
Por su parte, la entidad tiene previsto presentar el recurso correspondiente a esta resolución. En el expediente, la entidad ha hecho «alegaciones muy fundadas», por lo que espera «sean atendidas en la vía jurisdiccional, como ya ha ocurrido en otras ocasiones».
La organización de consumidores Facua, por su parte, considera «un insulto a los consumidores» que la Junta «pretenda saldar los fraudes cometidos por Unicaja a través de las cláusulas suelo con una micromulta o pequeña multa de 3,15 millones de euros, que representa una ínfima parte de lo defraudado por la entidad en la comunidad autónoma».
Facua recordaba que Unicaja «es una de las 20 entidades denunciadas por Facua Andalucía ante la autoridad de consumo autonómica en 2013 por el macrofraude de las cláusulas suelo» y se trata del segundo banco que multa la Junta, tras la sanción de 1,58 millones de euros impuesta a Banco Mare Nostrum (BMN) a finales de julio.
Por otro lado, cabe reseñar que existen sentencias, en relación con procesos similares seguidos por diversas administraciones autonómicas y entidades financieras, en las que se citan pronunciamientos del Tribunal Supremo anteriores a 2016, que declaran que la calificación de una cláusula como abusiva debe corresponder a los órganos jurisdiccionales del orden civil, sin que la interpretación de los contratos privados pueda encomendarse a la Administración.