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De izquierda a derecha, María de los Ángeles Sepúlveda, María José Sánchez Rubio y Carmen Cuello. / El Correo
El nuevo Plan personalizado para mujeres víctimas de violencia de género, presentado este lunes por la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, a las asociaciones que trabajan con este tema, amplía la concepción de víctimas a las prostitutas, mujeres explotadas por redes de trata de personas y aquellas que sufren acoso laboral y sexual. Sánchez Rubio defendió la posición de la Junta de ampliar la concepción de la violencia machista y recordó que Andalucía ya fue pionera al incluir en la atención a los hijos menores de mujeres maltratadas, fueran o no objeto directo de las agresiones.
La Junta cuenta con un programa de asistencia psicológica para estos menores, ya que ser testigos del maltrato o, en los casos más graves, quedar huérfanos de madre por un crimen cometido por su padre, es algo que «les deja tocados para toda la vida». El Gobierno central acaba de incluir a los menores testigos de violencia de género como víctimas en la nueva Ley de Protección a la Infancia. Ahora, Andalucía quiere también ser la avanzadilla en la extensión de la consideración de víctimas de violencia de género a mujeres obligadas a prostituirse, esclavizadas por redes de trata o acosadas y así lo incluye el nuevo plan de atención a las víctimas y se pretende incorporar en la reforma de la ley andaluza de violencia de género que quiere emprender esta legislatura.
El nuevo Plan sistematiza el protocolo de actuación y coordinación de todas las instituciones y profesionales implicados en la lucha contra esta lacra que este año se ha cobrado la vida de 26 mujeres, siete en Andalucía (la última el pasado viernes en la localidad jiennense de Noalejo) y dejado huérfanos a 24 menores (cuatro en Andalucía). Además de profundizar en la coordinación de fuerzas de seguridad del Estado, sanitarios, forenses, trabajadores sociales, agentes judiciales o psicólogos, tanto la consejera como las directoras de Violencia de Género y del IAM, Ángeles Sepúlveda y Carmen Cuello respectivamente, destacaron que el nuevo protocolo implica a la propia víctima para que participe de forma activa en su proceso de salir de esta situación.
Se trata de que no sea solo un sujeto «pasivo» atendido por los demás sino parte «actora» en la relación con las instituciones y los recursos a su disposición con el fin de evitar «pasos atrás». Cuanto mayor sea su implicación y más acompañada esté en todo momento por profesionales, menos posibilidades hay de que se eche atrás.
Y es que si la primera gran traba en la lucha contra el maltrato es la falta de denuncias –solo cuatro de las 26 asesinadas habían denunciado–, las renuncias durante el proceso son otro escollo. La consejera destacó que salir de una vida de malos tratos «es un proceso tortuoso» en el que junto al acompañamiento permanente de las instituciones, resulta fundamental el entorno «y si no hay apoyo constante se va a tirar la toalla».
Sánchez Rubio también defendió la necesidad de mantener la inversión en recursos y, sobre todo, prevención y campañas de concienciación social, clave para que «el agresor sepa que no se le va a justificar, que va a haber un rechazo social». En este sentido defendió que la Junta ha mantenido y mantendrá la asignación presupuestaria para estos recursos y reclamó al Gobierno central que no haya recortes en este ámbito.
No obstante, algunas asociaciones presentes en el acto de este lunes, como Mujeres Supervivientes, criticaron precisamente la falta de recursos que las instituciones en general ponen a disposición de las víctimas para atenderlas frente al «teatro» de todas las administraciones sobre su compromiso ante este asunto. Aunque la presidenta de esta entidad, Antonia Ávalos, admitió que, como otras asociaciones, han colaborado en la elaboración del plan, y reclamó más prevención desde la escuela y llegar a donde están las mujeres.