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El año pasado en Andalucía se crearon 2.000 empleos directos en el sector de la atención a las personas dependientes. / El Correo
Andalucía es la comunidad que más solicitudes de ayudas recibe sobre la población potencialmente dependiente (el 22,4 por ciento de las peticiones de todo el país, por encima de su peso demográfico) y es la tercera en beneficiarios con derecho a prestación (con el 11 por ciento del total) pero mientras en el último año, el número de dependientes valorados a los que se reconoció ese derecho aumentó en 11.240 personas (un 4,08 por ciento), la cifra de personas que empezó a recibir un servicio o ayuda económica creció menos de la mitad, concretamente en 4.723 (2,6 por ciento). Dado que el sistema nunca ha conseguido estar al día (siempre hay más dependientes valorados y con el derecho reconocido que los realmente atendidos), el llamado limbo de la dependencia (las personas en lista de espera para recibir su prestación) no para de crecer. De hecho, en Andalucía, hay más de 103.000 dependientes en esa situación, lo que supone que casi un 36 por ciento de las personas valorados y con derecho a una ayuda no la reciben.
Según el último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia –que semestralmente realiza la Asociación de directores y gerentes de servicios sociales–, «el ritmo de atenciones es claramente insuficiente para absorber el inmenso limbo». El informe sitúa a Andalucía, junto con Cataluña, entre las comunidades cuyo sistema de dependencia está en una «situación crítica» (en el caso de Cataluña incluso baja el número de dependientes atendidos) y alerta del peso que ambas comunidades representan pues entre las dos aglutinan a la mitad de los dependientes del país.
La lentitud en la atención de los nuevos dependientes es el principal problema del sistema en Andalucía. La Junta ha anunciado un plan de choque para agilizar el sistema y recortar los tiempos de espera. Pese a todo, la comunidad obtiene la tercera mejor puntuación por su atención a las personas dependientes sólo superada por Castilla y León y La Rioja, que logran el notable. Andalucía se queda con un 6,79. Baja, eso sí, su calificación de los últimos años (7,5 en 2015 y 7,1 en 2014).
Esta buena nota, pese a todo, se debe a factores como el equilibrio que Andalucía ha logrado entre las prestaciones consistentes en servicios (ayuda a domicilio, centros de día o residencias) y las ayudas económicas, que en los primeros años se dispararon. También a un gasto público por población potencialmente dependiente de 613,48 euros superior a la media estatal (554,97); a la creación de 2.000 empleos directos en el último año (33 por cada millón invertido, cerca de la media estatal de 34,8); o a un retorno económico del sector de 396 millones de euros. Para la calificación también se tiene en cuenta la transparencia en la información o la media de prestaciones por persona (en Andalucía la teleasistencia es compatible con todas las demás y también la ayuda a domicilio y los centros de día).
El talón de Aquiles es que incorpora a nuevas personas atendidas a un ritmo menor de la media (2,64 por ciento de incremento frente al 8,71) y el limbo de la dependencia no para de crecer. Eso sí, el Observatorio de la Dependencia destaca el esfuerzo de la comunidad al sufragar el 78 por ciento de un sistema que cuesta más de dos millones al día por el recorte estatal de su aportación (la ley fija que debe financiar el 50 por ciento y desde 2012 sólo aporta el 22 por ciento). Este recorte se ha traducido en este tiempo en 530 millones menos que la Junta ha recibido del Estado para el sistema, 106,5 en el último año. El informe señala que con esa cuantía se podría haber atendido a 18.500 personas más y creado 3.500 empleos.