-
La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, durante su intervención en el debate sobre el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía. EFE/Jose Manuel Vidal
El proyecto de ley de Memoria Democrática pasó este miércoles sin problemas el debate de totalidad en el Parlamento. No hay unanimidad acerca del alcance que deberá tener esta ley, pionera en muchos aspectos, pero sí en la necesidad de que se «cierren heridas» y se repare el daño a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, sobre todo a aquellas que aún buscan a sus familiares enterrados en cunetas. Por eso ningún grupo de la oposición presentó enmienda a la totalidad ni texto alternativo a la ley, aunque todos avanzaron su intención de corregir, eliminar y hacer aportaciones cuando llegue el trámite de enmiendas parciales. La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, lo interpretó como «un buen punto de partida para el diálogo», habida cuenta del pulso constante de la izquierda contra la izquierda y de la derecha contra la derecha que preside la Cámara andaluza en esta legislatura.
Ahora el proyecto inicia un largo recorrido parlamentario que servirá para que los grupos se posicionen y debatan cada capítulo de la ley en la comisión de Cultura, donde volverán a escucharse las voces de las principales asociaciones memorialistas y de familiares de víctimas. La Junta ya ha adelantado una modificación «técnica» de una disposición adicional para adaptar la norma a la Ley de Patrimonio Histórico, algo que cuenta con el favor del resto de grupos. No obstante, IU ha solicitado un informe a Cultura, porque teme que esta modificación deje exenta de la ley aquellos símbolos franquistas que permanecen en los edificios de la Iglesia, como el fajín del general franquista Queipo de Llano en la basílica de la Macarena, en Sevilla. El PSOE también baraja introducir aspectos que reclaman algunas asociaciones memorialistas, entre ellas, variar el régimen sancionador que contempla la norma.
El debate parlamentario fue de trámite, pero sirvió para evidenciar el sesgo ideológico de cada partido, retratando a PP y Ciudadanos en una postura más reacia o, al menos, más cautelosa respecto de la ley de Memoria. Ambos rechazan que la consideración de víctima abarque de la II República hasta 1982, y exigirán dejar el periodo de la Transición al margen. El PP se ofreció a debatir y dialogar, pero admitió que la ley le parece «innecesaria», y recordó que también al PSOE se lo parecía en 2011, cuando votó en contra del proyecto que presentó IU. El texto que ha entrado en la Cámara es el mismo que presentó en octubre de 2014 el entonces vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, que este miércoles ha regresado para estar presente en la tribuna de invitados. La ley de Memoria Democrática formó parte del pacto de Gobierno PSOE-IU, la pasada legislatura, y quedó varada a las puertas del Parlamento tras la ruptura del acuerdo y el adelanto electoral. Aguilar la ha retomado sin cambiar una coma para no tener que reiniciar todo el camino andado hasta ahora.
El debate ha sido conciliador. El más duro fue el diputado popular Juan Ramón Ferreira, que criticó que «toda la ley está minada de un aire revisionista», y avanzó que su grupo rechaza que el contenido memorialista forme parte del currículum de Primaria y ESO, como recoge la norma. El diputado de C’s Sergio Romero también cuestionó muchos aspectos de la ley, mientras que IU, Podemos y PSOE la defendieron con distintos niveles de entusiasmo. No obstante, Pilar Ayala, del grupo morado, desató murmullos en el hemiciclo al afirmar que la ley equipara las víctimas del franquismo con «ánforas romanas». Podemos cree que la norma, al estar enmarcada en la ley de Patrimonio, hará que «los cadáveres de víctimas sean considerados objetos arqueológicos, bienes muebles, inventariables y artículos de museo». La diputada de IU, Inmaculada Nieto, hizo una defensa de los puntos más arriesgados de la ley, como aquel que cuestiona la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, que la coalición de izquierdas quiere derogar, y terminó su alocución sacando una bandera tricolor republicana.
La presidenta andaluza, Susana Díaz, se reunió con las asociaciones memorialistas al término del debate para garantizarles su compromiso de que la ley saldrá adelante. El debate final para la aprobación de la misma no llegará hasta después del verano.
¿En qué consiste la ley de Memoria?
En la tribuna de invitados del Parlamento, había familiares de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo que levantaron los retratos en blanco y negro de sus seres queridos cuando finalizó el debate. También había portavoces de los principales foros memorialistas que participaron en la redacción del proyecto de ley. Otros, sin embargo, discrepan con la norma y quieren introducir cambios en este segundo debate.
La parte más costosa de la futura ley de Memoria son las exhumaciones. La Junta tiene localizadas 614 fosas, la mayoría en Sevilla (130), Huelva (120) y Cádiz (100), donde se estiman hay 60.000 desaparecidos. La norma permitirá a la Junta tutelar todas las exhumaciones. En caso de que el enterramiento esté dentro de una propiedad privada, y si el dueño no diera su consentimiento, la Junta «expropiará temporalmente el uso de terrenos» mientras dure la exhumación. La ley obligará a la Administración andaluza a personarse de oficio en todos los procesos de localización, exhumación e identificación de los huesos de víctimas, o también a instancias de ayuntamientos, familiares, entidades memorialistas e investigadores.
A partir de la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos tendrán un plazo de 18 meses para eliminar o retirar los vestigios del franquismo en sus municipios. Si se niegan (infracción grave), la Junta lo hará de forma subsidiaria, y a los alcaldes se le pondrán multas de 2.001 a 10.000 euros. Los consistorios y organizaciones se exponen a perder subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por un periodo máximo de dos, tres o cinco años, según el grado de la infracción cometida.