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La consejera de Hacienda, María Jesús Montero. / EFE
La Agencia Tributaria de Andalucía ha recaudado en el último año 214 millones de euros aflorados en la lucha contra el fraude fiscal en los tributos que son competencia de la comunidad, de los que 105 millones corresponden a incumplimientos en el pago del impuesto de sucesiones, recientemente rebajado tras un acuerdo entre PSOE y C’s. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que la cuantía aflorada podría llegar a los 400 millones de euros cuando acaben los plazos de alegaciones y litigios judiciales en marcha para los que pidió una «vía exprés de resolución judicial» ya que los procesos llegan a durar «hasta cinco años» en los tribunales.
Precisamente, el Gobierno andaluz acaba de reformar el impuesto de sucesiones y donaciones cuya rebaja exigió C’s, el partido que permitió la investidura de la presidenta Susana Díaz y con el que pactó los presupuestos de 2016 y cuyo apoyo tendrá que buscar también para las cuentas de 2017. En este sentido, C’s ha hecho pública su exigencia de reclamar una rebaja del 0,5 por ciento en el tramo autonómico del IRPF tras la del 2,5 por ciento realizada en el último ejercicio, para apoyar las cuentas. Montero dejó claro que el acuedo con C’s incluye «compromisos fiscales a lo largo de la legislatura» y que la Junta ya ha cumplido con los correspondientes a 2016 y 2017 con las rebajas del IRPF y del impuesto de sucesiones y donaciones, que supondrá este año «120 millones menos de recaudación». La rebaja de este tributo, que también reclamó desde antes sin éxito el PP-A y a la que se opusieron Podemos e IU, entró en vigor el 1 de agosto para las explotacions agrarias y viviendas habituales y en enero entrará en vigor los nuevos tramos para el mínimo legal exento de pagarlo. Por ello, la consejera de Hacienda considera que los compromisos con C’s en materia fiscal para 2017 ya están cubiertos y en base a ellos su departamento está trabajando en las cuentas del próximo año. Para «cualquier novedad» en materia fiscal «tenemos 2018 y 2019», dijo, y subrayó que tendrá que ir «acompasada al nivel de ingresos y garantizando siempre los servicios públicos».
Montero insistió en que las rebajas fiscales hay que hacerlas «de forma escalonada para que no se resientan los servicios públicos», una negativa clara a las pretesiones de C’s para los presupuestos de 2017. No obstante, los socialistas necesitan el apoyo del partido naranja para sacar adelante sus cuentas.
El líder de C’s, Juan Marín, no comparte su interpretación y deja claro que es un acuerdo para el presupuesto de 2016 aunque «por cuestiones técnicas» una parte entre en vigor en enero de 2017.
Marín añadió que «la Junta nos pide progresividad» y el acuerdo de la legislatura recoge una rebaja del IRPF del 3,5 por ciento al acabar ésta, por lo que aún queda deducir un 1,5 por ciento «y dos ejercicios, 2017 y 2018, porque en 2019 habrá elecciones». Por ello defendió que su propuesta de bajar en 2017 un 0,5 por ciento, que supondría «30 millones de euros», es más «razonable» que concentrar todo el esfuerzo en un sólo ejercicio.
Con todo, Marín señaló que en la negociación de las cuentas, C’s pondrá sobre la mesa otras «cuestiones prioritarias» como el aumento de la inversión en Sanidad y Educación, partidas extra para los abogados del turno de oficio y el sistema de dependencia. Además, ya ha solicitado por escrito a Hacienda un informe del grado de ejecución de los compromisos presupuestarios pactados para las cuentas de 2016 «antes de sentarnos a hablar de las de 2017».
La consejera de Hacienda criticó que en tiempos electorales los partidos tienden al «dumping fiscal a la baja» con promesas de rebajas de impuestos «y se habla poco de la utilidad» de éstos y los servicios que se pagan gracias a la recaudación cuando «la subida o bajada de impuestos no es un objetivo en sí misma sino que debe estar al servicio de la proyección de los ingresos». En este sentido, anunció que su departamento trabaja en diseñar un plan de medidas de concienciación y sensibilización ciudadana sobre el pago de impuestos y su destino, más allá de campañas puntuales, con medidas similares a las facturas sombra puestas en marcha en el SAS para que los ciudadanos sean conscientes del coste de otros servicios que reciben como la educación o las prestaciones sociales y de que éstos se pagan gracias a los impuestos.
En cuanto al fraude fiscal, además de los 105 millones aflorados correspondientes al impuesto de sucesiones, otros 54,2 corresponden al de transmisiones patrimoniales, 36,5 al impuesto sobre los depósitos bancarios, 11,9 a acto jurídicos documentales, 2,9 al impuesto de patrimonio y otro tanto al canon del agua y un millón a tasas ecológicas. Montero señaló que no hay un perfil de defraudador, ni se puede vincular a las grandes fortunas aunque sí son éstas las que suelen usar la ingeniería financiera para la evasión al tributar con sociedades pantalla, ni diferencias por provincias en los impuestos que gestiona la comunidad (en Sevilla afloraron en el último año 40 millones del fraude fiscal).
Además de lo recaudado tras exigir a los contribuyentes evasores presentar liquidaciones complementarias, se han impuesto 15.168 sanciones por valor de 14,4 millones cuando correspondía.