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Retiran un ave electrocutada. / EFE
La Sociedad Española de Ornitología, SEO/BirdLife, ha enviado una carta al Defensor del Pueblo Español con el objeto de solicitar su intermediación para limitar el impacto que suponen los tendidos eléctricos sobre la avifauna e impulsar el cumplimiento del Real Decreto 1432/2008 por parte de las administraciones públicas y los propietarios de los tendidos eléctricos. Esta norma obliga a las administraciones autonómicas a declarar zonas de protección y publicar un listado de tendidos muy peligrosos en esas zonas con la finalidad de que se puedan poner en marcha las medidas de corrección por parte de los titulares de los tendidos.
En la actualidad, a SEO/BirdLife sólo le consta la publicación de estos listados en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, quedando el resto de comunidades autónomas pendientes de su aprobación. Es por ello urgente la aprobación y publicación de dichos listados tras 10 años de vigencia de la obligación que impone el Real Decreto, así como la corrección de dichos tendidos. Además, Asturias es la única comunidad autónoma que aún no ha definido las zonas de protección a las que les obliga la norma.
Andalucía fue pionera en tratar de tratar de atajar el problema de la electrocución de aves en tendidos eléctricos. En el año 1990 se aprobó un decreto innovador que obligaba a eliminar o modificar estos postes eléctricos en los espacios naturales protegidos. Doñana había dado la voz de alarma: el 80 por ciento de los jóvenes de águila imperial que nacían en esa década morían ese mismo año en los tendidos del parque. Esos tendidos fueron enterrados pero la posterior ampliación del parque volvió a albergar nuevos tendidos aéreos. Los expertos en aves se quejan, entre otras cosas, de que las zonas de pasos migratorios siguen existiendo tendidos eléctricos mortales, como sucede en el Estrecho de Gibraltar.
“Las administraciones públicas españolas tienen a su disposición varias medidas, fundadas en nuestro marco jurídico, que les permiten reclamar (y en algunos casos les obligan) a los titulares de líneas eléctricas su colaboración para la corrección de aquellos tendidos eléctricos que estén causando una mortalidad continuada de avifauna en España”, declara David de la Bodega, Responsable del programa Legal de SEO/BirdLife, quien apunta que “se detecta una tímida actividad administrativa frente a la responsabilidad de los propietarios de los tendidos”.
Según el Libro Rojo de las Aves de España, la electrocución es una de las principales amenazas para 24 especies de aves, entre las que se encuentran especies En peligro de extinción y presentes en nuestro país como el águila imperial ibérica, el águila-azor perdicera o el milano real. Además, según un informe del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) los tendidos eléctricos causan la muerte de, al menos, 33.000 aves rapaces al año -teniendo en cuenta que únicamente se analizaron los datos de 11 comunidades autónomas-, generando un coste económico de alrededor de 141 millones de euros, estimado según el método del sistema MORA (Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental).
La mortalidad detectada por electrocución en tendidos eléctricos se estima solo en el 15% de la mortalidad real, ya que muchas muertes nunca serán detectadas, bien por ausencia de muestreos o bien por la desaparición de los cadáveres debida a distintos motivos , fundamentalmente por la acción de carnívoros. “Solo durante los últimos 15 años se estima que en España han muerto electrocutadas, como mínimo, más de 200 águilas perdiceras y más de 120 águilas imperiales, una situación insostenible que pone en jaque todos los esfuerzos por recuperar y estabilizar la población de algunas especies amenazadas como las citadas”, declara Nicolás López, responsable del Programa de Especies Amenazadas de SEO/BirdLife.
Además, a este tipo de mortalidad hay que unir las muertes provocadas por colisión. La ONG informa también en la carta al Defensor del Pueblo de que estudios recientes estiman en 8,2 colisiones/mes/kilómetro en tendidos eléctricos del centro de España, o lo que es lo mismo más de 8 aves muertas por kilómetro de tendido al mes. “Es decir, que en un tendido de longitud media de unos 59 km podrían morir potencialmente más de 5.800 aves al año, si la línea no cuenta con medidas adecuadas frente a la colisión”, añade David de la Bodega.
En la misiova, a la que ha tenido acceso Ecoperiodismo, SEO/BirdLife también ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo las diferentes responsabilidades que tienen los propietarios de los tendidos eléctricos frente a la electrocución y las colisiones y las posibilidades legales de actuación que tienen las administraciones públicas para exigirla. Las electrocuciones y colisiones de avifauna reiteradas y sin la adopción de medidas de corrección por parte de los titulares, una vez ha sido constatada debidamente la reiteración del daño, pueden suponer infracciones de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y de las legislación de conservación de la Naturaleza de las diferentes comunidades autónomas o de la propia ley Ley26/2007 de responsabilidad ambiental. Frente a estas infracciones, la ONG conservacionista cree que es necesario que las distintas comunidades autónomas actúen y abran los correspondientes expedientes administrativos para recuperar y evitar los daños producidos.
Algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o Valencia han abierto expedientes administrativos por infracción de la normativa de conservación autonómica imponiendo multas de más de 100.000€ (más la indemnización por el valor de las aves muertas), en el caso de la primera, o de responsabilidad ambiental, en el caso de la segunda, obligando a la corrección de tendidos peligrosos.
Además, si tras la comunicación a los titulares de las líneas eléctricas de las electrocuciones que se registren, no se produjera la corrección de dichos tendidos y apoyos, se podría incurrir incluso en la comisión por omisión de un delito contra el medio ambiente, en concreto del artículo 334 o 330 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.