El próximo martes 17 de septiembre tendrá lugar en Sevilla la Jornada Internacional “El Derecho Humano al Agua, un reto local y global”, organizada por la ONG Ongawa, ingeniería para el desarrollo humano, una organización con una trayectoria de más de 30 años de trabajo en la promoción del derecho humano al agua, que desde 2016 con sede también en Andalucía. El evento, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, contará con la participación de Leo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento (DHAS).
El agua es un bien esencial para la vida y un derecho humano reconocido por Naciones Unidas en 2010. Sin embargo, su implementación en la práctica plantea aun importantes desafíos, especialmente para garantizar su disfrute en los grupos de población más vulnerables del planeta. Uno de los instrumentos que Naciones Unidas ha puesto en marcha para dar luz sobre el alcance y el contenido de este derecho ha sido la creación de la figura del Relator Especial.
El mandato de esta Relatoría Especial se estableció para examinar cuestiones fundamentales relacionadas con la prestación de este servicio, que debe estar disponible y ser accesible, seguro, aceptable y asequible para todas las personas, sin discriminación. Como derecho humano, el agua requiere de una atención explícita a las personas más desfavorecidas, así como hacer énfasis en la participación, la transparencia y la responsabilidad de todos los actores implicados desde sus distintos roles.
El Relator tendrá también a lo largo de su visita a Sevilla,un encuentro en la Universidad de Sevilla con operadores públicos y expertos universitarios como el catedrático Leandro del Moral para conocer las experiencias que se están llevando a cabo los gestores públicos.
El motivo central de la visita del Relator es la resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece como derecho humano al agua un abastecimiento mínimo diario entre 80 a 100 litros diarios por persona para cubrir sus necesidades básicas. En ese precepto se han basado varias operadores públicos andaluces que ya están aplicando el principio del mínimo vital (SMV) en Andalucía, de manera que la jornada y los encuentros del Relator en Sevilla van encaminados a conocer estas experiencias de éxito en la aplicación práctica de la citada resolución en Andalucía.
Entre los socios andaluces de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua (AEOPAS), la ciudad de Córdoba fue la primera capital de provincia en establecer el mínimo vital. El consejo de administración de la Empresa Municipal de Agua de Córdoba (Emacsa) aprobó en 2015 el acceso al mínimo vital en el suministro de agua potable, para personas en riesgo de exclusión social. Desde entonces más de 3.500 personas que se han beneficiado desde 2017 del acceso universal al agua potable. En lo que llevamos de 2019 más de 400 familias se han beneficiado de esta medida.
Emasesa, la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, es la primera empresa de agua de Andalucía y una de las mayores a nivel nacional. La empresa sevillana de agua tiene a disposición de la ciudadanía una serie de medidas sociales que garantizan que no se produzca ningún corte de agua por motivos económicos, especialmente a aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Estas acciones se realizan en coordinacioìn con los Servicios Sociales municipales de cada ayuntamiento para ofrecer medidas personalizadas y adaptadas a cada situacioìn.
Estos tipos de ayuda consisten en el fraccionamiento y aplazamiento de pagos, preìstamos sociales para pagos de facturas, para obras de adecuacioìn de instalaciones o para individualizar contadores, y un fondo para Emergencia Social. En 2017, el importe concedido en ayudas sociales crecieron un 130,60% respecto al año anterior, lo que permitió que se beneficiasen más de 18.000 usuarios de estos mecanismos de accioìn social. En 2018 el número de familias beneficiadas fue 5.257 y el importe del Fondo de Emergencia supero el millón de euros, según datos de AEOPAS.
En Cádiz, un total de 1.446 familias se han acogido al Programa de Ayuda al Suministro de Agua a Personas en Riesgo de Exclusión Social, más conocido en la capital gaditana como el programa del Suministro Mínimo Vital. Este programa puesto en marcha por la empresa pública Aguas de Cádiz, garantiza que las familias que no puedan hacer frente a sus recibos del agua seguirán disponiendo de este recurso esencial para la dignidad humana. En 2017 se han subvencionado desde la empresa gaditana de agua pública 6.082 facturas a familias.
El Suministro Mínimo Vital en Andalucía no sólo se aplica en estas capitales andaluzas, sino que también se expande al ámbito rural. La experiencia de Medina Sidonia, una ‘agrociudad’ de 11.000 habitantes en la provincia de Cádiz, fue pionera en poner en en marcha la medida en 2014 para hacer frente a las consecuencias de una crisis económica que arrasó con la economía de gran parte de sus vecinas y vecinos, como en el resto de Andalucía. Actualmente, entre 200 y 250 familias en situación de vulnerabilidad se benefician del mínimo vital y reciben gratis un suministro diario de 100 litros por persona.
La experiencia de Aguas de Córdoba (Emproacsa), empresa pública de la Diputación que abastece a 52 municipios de esa provincia, también es muy positiva. Actualmente, 725 hogares se benefician del mínimo vital, o sea, que no pagan nada por los 100 primeros litros al día por persona (el consumo medio en España se sitúa entre los 120 y 130 litros). Más de 2.200 personas se benefician de la medida lo que representa un 1,35% de la población y un 0,86% de los suministros.
Pese a los llamamientos del Defensor del Pueblo Andaluz, la defensoría más activa del país en la reivindicación de este derecho humano, la mayoría de los operadores privados de agua (el 44,57% del agua que abastece a la población andaluza está en manos privadas) han omitido este mensaje y se han limitado a “salvar” a la población a través de convenios que tienen más que ver con el concepto limosna que con el de derecho humano, con organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja o Cáritas Diocesana.
La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento lleva años exigiendo una normativa en nuestro país que impida el corte del suministro y garantice unos mínimos vitales a las personas que necesitan una protección especial, algo que ya se lleva a cabo, recuerdan desde AEOPAS, en otros países como Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Rusia o Ecuador.
Andalucía es la única comunidad española que ha reconocido por ley el derecho humano al agua para garantizar un “mínimo vital” de suministro a las personas que carecen de recursos económicos para pagarlo. Ese derecho está recogido en una disposición adicional de la Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético, aprobada por el Parlamento andaluz el pasado mes de octubre. Sin embargo, once meses después de aprobada la citada norma y con un nuevo gobierno en la Junta, aún no se ha determinado cómo se va a llevar a la práctica ese derecho.
Además, el derecho humano al agua implica también que los operadores deben hacer un importante esfuerzo en establecer mecanismos de participación de los ciudadanos. Según Luis Babiano, gerente de Aeopas, “nos queda aún mucho por avanzar porque el derecho humano supone un amplio cambio paradigmático en la gestión del agua pero en los últimos años ya encontramos importantes acciones en la Córdoba a través de su consejo ciudadano, Sevilla donde Emasesa está desarrollando un Observatorio y la ciudad de Cádiz”. Recientemente, Aqua Pública Europea (APE), la asociación de los operadores europeos donde se encuentran las principales ciudades europeas como París, señaló al Plan Estratégico participado de Aguas de Cádiz como un verdadero referente europeo en esta materia.