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Una persona duerme a la intemperie, a los pies de un escaparate. / Txetxu Rubio
Hasta 120.000 personas (unas 45.000 familias), según la estimación de la Consejería de Igualdad, podrán solicitar a partir del 1 de enero la renta mínima de inserción social, una ayuda garantizada como derecho y como decreto ley –como recalcó la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio–. Según las características y dificultades de cada beneficiario y sus familiares a cargo o dependientes, obtendrán entre 419,52 y 779,87 euros durante 12 meses, prorrogables seis más y siempre con la vista puesta en la inserción laboral de los excluidos a quienes se dirige esta medida.
Así lo explicó ayer la propia consejera en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno de la Junta. En 2018 la partida será de 216 millones de euros –que se afrontarán mediante un crédito– y hasta 2021 819 millones.
Sánchez Rubio defendió que esta renta mínima es la consensuada con las entidades que promovieron esta ayuda a través de una iniciativa legislativa popular: CCOO, UGT, las asociaciones de consumidores Facua y UCA y entidades como la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y la CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social). «Es un compromiso también de la presidenta de la Junta [Susana Díaz] con las personas que padecen aún la crisis», expresó la consejera, quien llamó al Gobierno central a regular la renta mínima en toda España «ante el deterioro de la cohesión social, agravado por el aumento de la desigualdad y la precariedad que ha traído consigo la reforma laboral», como explica el resumen facilitado por la oficina del portavoz del gobierno andaluz.
Entre los requisitos para solicitar esta renta mínima están no llegar a los 435 euros al mes por persona. Suma más puntos tener menores a cargo en la familia, las familias monoparentales, las víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad, y no se tendrá en cuenta para restar puntos la vivienda habitual, las prestaciones por hijos a cargo, las pensiones de orfandad, acogimiento, de alimentos o por situación de dependencia, las becas o las subvenciones a la vivienda habitual, entre otras.
También, destacó la consejera, esta renta mínima es compatible con trabajos de corta duración, de manera que no desincentive la búsqueda de empleo, un «efecto indeseado» que a su juicio pueden tener otras fórmulas de subsidio social.
No respondió a si es compatible con la percepción de otras pensiones o ayudas sociales en general, aunque sí lo será con las ayudas por hijos dependientes, «porque de lo que se trata no es de que la familia sobreviva, sino de que además atienda a esa persona dependiente: no por cubrir una necesidad se va a destapar otra, eso es muy injusto».
Sánchez Rubio descartó comparar esta renta con un PER social para parados intermitentes, y explicó que el texto del decreto es muy prolijo «para evitar interpretaciones y que una familia excluida en las mismas circunstancias perciba ayudas diferentes en Cádiz que en Almería». Habrá controles porque tiene que haberlos siempre con el dinero público, apostilló.
Igualmente, respondió a críticas planteadas por IU acerca de la supresión de garantías alimentarias o de la asistencia vital básica, que se han organizado en distintas consejerías, no suprimido. También defendió que el criterio de persona excluida no siga el que establece el índice de referencia conocido como Arope «porque define como criterio de exclusión no poder irse de vacaciones una semana y esta renta no está para eso, sino para garantizar ingresos mínimos».
POBREZA INFANTIL
La ONG Save the Children rechazó ayer la renta mínima de inserción, «ya que no reducirá la pobreza infantil en la comunidad. Serían 247.338 las familias que reúnen los requisitos de acceso», y no solo 45.000. «Muchas familias verán su expediente aprobado, pero no recibirán la renta por escasez de presupuesto», explicó el responsable de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca.
La ONG propone que los hogares que estén compuestos por mayores de 18 años reciban una prestación mensual equivalente al 90 por ciento del Iprem (criterio que sustituye al salario mínimo), mientras que la prestación para los hogares con hijos menores sería del 120 por ciento del Iprem.
Podemos Andalucía criticó que la cantidad que el gobierno andaluz quiere destinar es «ínfima». El PP también criticó, por boca de su portavoz en el Parlamento, Carmen Crespo, que habrá familias «que se queden fueran» .