La decisión del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de admitir a trámite el recurso del Gobierno y decretar la suspensión cautelar de la normativa de la Junta de Andalucía para reducir la jornada laboral de 270.000 funcionarios andaluces tiene una consecuencia añadida. El recurso va acompañado de otro contra la Ley de Presupuestos que habilita a la contratación para paliar la rebaja de la jornada de 37,5 a 35 horas. En este sentido, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, cifró en 5.000 los puestos de trabajo generados desde enero en virtud de esta medida.
Desde la propia Junta de Andalucía se admitió la pasada semana que la suspensión cautelar de esta otra norma crearía “incertidumbre” sobre los empleos creados. Para el inicio del curso escolar de septiembre se estimó que se crearán otros 2.400 empleos para reforzar el sistema educativo andaluz. “No tiene sentido desmontar para un trimestre, el que queda después del verano, para ponerlo en marcha en enero. Solo en adecuar la plantilla y las planillas nos cuesta más de tres meses”, dijo la semana pasada la consejera.
El PP-A se puso de lado de la Junta para tratar de desatascar el embrollo jurídico-político generado entre el Gobierno regional y el central a cuenta de esta normativa. Su presidente regional, Juan Manuel Moreno Bonilla, sugirió al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el Gobierno no pidiese al TC la suspensión cautelar, “si se puede evitar que se evite”, dijo. No obstante, advirtió de las trabas jurídicas que podría suponer retirar la petición de suspensión cautelar. Montero cree que Moreno Bonilla ha vuelto a defraudar a los ciudadanos y a los empleados públicos en particular. «No sé si ha movido un dedo para dirigirse al Gobierno para que no pidiera la suspensión o no se le ha tenido en cuenta. Debería explicar qué actuaciones ha hecho. O defrauda o toma el pelo”.
La impugnación del Gobierno provoca la suspensión de la disposición o resolución recurrida, el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. El TC subraya en un comunicado que la admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el tribunal resolverá en próximas fechas.
Montero ha reclamado al Gobierno que articule una ronda de negociación para conseguir que «no se dé ni un paso atrás» en la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos de Andalucía una vez que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido admitir a trámite el recurso, lo que la consejera considera «un despropósito». Asimismo, la consejera ha asegurado que en el plazo de 15 días, que se abrirá una vez que se registre en la Administración este recurso, la Junta va a dar elementos jurídicos y organizativos para que no se lleven a cabo las medidas que conlleva la suspensión cautelar. «Estos 15 días se interrumpen en el mes de agosto y se prolongarán en el mes de septiembre», lo que nos permite un tiempo para presentar alegaciones y tener una ronda de diálogo», ha subrayado.