La transparencia reabre el debate de los derechos de los políticos

{Los datos hechos públicos en el portal de la Transparencia sobre cargos, sueldos y bienes de la administración andaluza y sus entes públicos han reabierto el debate sobre lo que unos consideran privilegios de los políticos y otros justifican como derechos dirigidos a que el ejercicio de su trabajo, como cualquier otro, no llegue a costarle su dinero a quien lo ejerce, ya que por muy servicio público, la ley de incompatibilidades impide ganarse la vida de otra manera mientras se ostenta el cargo.

De entrada, cifras como que la Junta gasta 58.000 euros mensuales en costear la vivienda a 60 cargos públicos desplazados; que el exvicepresidente del Gobierno Diego Valderas (IU) tenga garantizado un sueldo de 4.186 euros al mes durante dos años (100.464 euros en total) sin ostentar ya cargo alguno y ni siquiera ser diputado; o que entre los 250.000 empleados públicos haya 1.418 liberados sindicales provocan el rechazo de los ciudadanos. Sobre todo cuando en los últimos años han oído una y otra vez a sus representantes políticos pedirles que se aprieten el cinturón o acusarles de haber vivido por encima de sus posibilidades mientras cada día desfilan por las comisarías y juzgados dirigentes investigados por corrupción.

En diciembre de 2012, la Junta aprobó un decreto por el que limitó los sueldos de los altos cargos para que ninguno cobrara más que el presidente, 63.808,20 euros anuales. Pese a ello, aún hay una veintena de cargos en empresas públicas que superan esa cifra. Además, a los salarios hay que sumar dietas de desplazamiento y manutención y, en el caso de 60 cargos, el pago de su alquiler, por un acuerdo adoptado en 2000 (cuando el PSOE gobernaba con el PA) que hasta hace dos años había pasado desapercibido. Es un acuerdo que aplica a la administración algo que muchas empresas hacen con los trabajadores que desempeñan su función fuera de su lugar de residencia. Pero casos como el del exconsejero de Empleo y exdiputado almeriense Manuel Recio, y su esposa, la directora de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, María Victoria Román, que cobraban los dos la ayuda pese a compartir el mismo piso en Sevilla, causaron polémica y obligaron al Gobierno socialista a dar explicaciones.

También desapercibido pasó el aumento de sueldo de los diputados que la Mesa del Parlamento aprobó en febrero de 2013. La Cámara asumió el pago de la cuota a la Seguridad Social, unos 170 euros al mes que ya no perdían de sus nóminas. De nuevo el escándalo mediático (tres meses antes los parlamentarios anunciaron a bombo y platillo que renunciaban a la paga extra en solidaridad por los recortes a los funcionarios) obligó a rectificar un acuerdo que habían apoyado PSOE, PP e IU. Los parlamentarios también reciben dietas de entre 200 y 410 euros semanales según la distancia de su residencia a Sevilla, sede de la Cámara.

Y si hay un derecho o privilegio que genera polémica es el de las cesantías, la pensión que reciben tras abandonar el cargo para compensar que no pueden cobrar el paro y el régimen de incompatibilidades que les restringe oportunidades laborales. La indemnización a los expresidentes y exconsejeros está reconocida desde 1980 y no solo en Andalucía sino en el conjunto del Estado pero en 2005 la Junta aprobó pagársela también durante un mínimo de tres meses y un máximo de doce a los exdiputados. En 2011, el PP llevó la supresión de las cesantías al Parlamento pero no salió adelante ya que IU se abstuvo y el PSOE la rechazó. ~